La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido por escrito, que se siga adelante con la investigación a Podemos en lo referido al contrato suscrito para las elecciones generales de abril de 2019, entre el partido y la sociedad mercantil Neurona Consulting, y al que aludía el Tribunal de Cuentas en su informe.
Este escrito es el primero de la Fiscalía dirigido al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid sobre el asunto, y en él señala que de los hechos denunciados por el antiguo empleado de la formación política, el abogado José Manuel Calvente, solo se debe seguir adelante con la parte de la investigación referida al contrato con Neurona Consulting. El resto de hechos denunciados por el letrado (reforma de la sede o la supuesta Caja B de Podemos), la Fiscalía las circunscribe a «rumores, sospechas o suspicacias».
Pero con Neurona, el Ministerio Público aprecia la existencia de «indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo», y rechaza el carácter «prospectivo» de la investigación, porque no se ha acreditado la justificación de este gasto, resultando además que «es una empresa creada ad hoc para la prestación del servicio».
Asimismo, se apunta que de la información bancaria remitida, resulta que Neurona efectuó abonos en fechas próximas a las elecciones de 2019 a la mercantil de tecnología digital Creative Advice Interactive, con sede en Dallas, por un importe total de 308.257,20 euros, «cuando las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores».
Además, desde la Fiscalía reseñan que si bien los gastos de Neurona en sus cuentas corrientes son los normales de la prestación de servicios -y citan recibos de Burguer King, Uber o Museo del Jamón-, y que hay comisiones al letrado que figura como administrador de la entidad, no constan «gastos de personal, medios materiales o locales» propios de una actividad empresarial.
DESCARTA LAS PRETENSIONES DE PODEMOS
En este mismo escrito, se rechaza la petición de nulidad de actuaciones planteada por Podemos que se sustentaba en que no constaba la grabación completa por lo que generaba indefensión. Y les indica que «si lo desea la parte ahora apelante no tiene más que solicitar una copia».
Del mismo modo, el Ministerio Público descarta la obtención ilícita por parte del denunciante de la documentación aportada a la causa, dado que su relación laboral con Podemos «no ampara el secreto profesional en lo que se refiere a la aportación de documentación relativa a cuestiones internas del partido». Incluso niega que se trate de una investigación prospectiva como alega la formación política.
