El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este sábado que, a partir del 1 de septiembre, entrará en vigor una rebaja del 50% de los abonos de transporte estatales, como los de cercanías, a la par de un 30% en los que gestionan comunidades autónomas y ayuntamientos (como el metro y autobús).
El jefe del Ejecutivo, en su comparecencia de Prensa, ponía el ejemplo de Madrid, donde un bono mensual de Cercanías, que cuesta cerca de 29 euros, pasará con esta rebaja a 14,50 euros.
La medida, sin embargo, ha sido calificada de «conyutural, un parche, que no sirve para intentar frenar la escalada de precios desde su raíz», por el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, David Pérez.
Desde el Gobierno regional creen que la reducción de las tarifas aprobadas en un 50% supondría que las comunidades autónomas tendrán que incrementar los impuestos para poder financiar esa rebaja.
El consejero ha recordado que el transporte público madrileño se encuentra «fuertemente bonificado» de manera íntegra por la Comunidad de Madrid en «más de un 60%» y que los usuarios «apenas pagaron un 40% en 2019, y un 30% en 2021 de media del coste del servicio».
«SIN DIÁLOGO NI GARANTÍAS FINANCIERAS»
David Pérez ha asegurado que lo aprobado por el Gobierno de la Nación «nace sin diálogo ni garantías financiaras» y va dirigida a «condicionar» a todas las administraciones prestadores del servicio de transporte para que sus tarifas «se vean reducidas al margen de cualquier criterio profesional, presupuestario o racional».
En este sentido, ha reprochado que no se les haya solicitado desde el Gobierno ningún tipo de datos o criterios que pudieran servir de base para la adopción de la medida aprobada, además de la, según ellos, «ocasión perdida» por parte de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, Raquel Sánchez, de convocar por primera vez la sectorial de transportes donde «se podía haber planteado» la medida.
También, Pérez ha criticado que estas medidas pueden afectar de manera «directa» en los usuarios que poseen abonos de carácter anual que ya «han sido pagados», o bien, por la exclusión de los títulos de viaje sencillos o de un único uso, que en algunos prestadores de servicios «son muy importantes».
«Ya está bien que hagan anuncios y propaganda y luego quien acaba pagando son las comunidades autónomas, exigimos seriedad, lealtad, dialogo y los fondos necesarios para aplicar cualquier medida que afecta a todas las finanzas de las comunidades autónomas», ha añadido.
Desde el Ejecutivo Autonómico apuestan por la creación de bonos sociales o bonificaciones teniendo en cuenta la renta de los ciudadanos y aplicándose no solo a las tarifas del transporte público sino con carácter general. Además de que el «abaratamiento» del transporte público supone una medida «muy parcial» para fomentar su uso».
