El equipo de Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Leganés ha propuesto a los distintos grupos políticos el pago de distintas deudas por sentencias judiciales perdidas, las obras de urbanización del barrio Puerta de Fuenlabrada o las cuotas correspondientes al Consorcio Regional de Transportes.

El Gobierno municipal ha convocado un Pleno extraordinario para la aprobación de un expediente de modificación presupuestaria para afrontar esas deudas con el superávit económico obtenido durante el ejercicio económico del pasado año, que rondaba los ocho millones de euros.

Respecto a la aprobación de estos pagos, el portavoz del PP, Miguel Ángel Recuenco, ha afirmado que se abstendrá, mientras que Leganemos y ULEG no se han mostrado favorables a aprobar la modificación presupuestaria.

Los pagos más importantes hacen referencia al cumplimiento de sentencias judiciales en firme que lastran a las arcas municipales tras perder las reclamaciones económicas de empresas y particulares en los juzgados.

CASO PORTFOLIO

Algo más de tres millones de euros se propone que se abonen en concepto de intereses a la antigua empresa Portfolio, promotora de centros comerciales. Esta sociedad ganó en el Juzgado de 1ª Instancia nº 7 en 2014 y la apelación de la sentencia en 2016. En torno a otros siete millones de euros se deben pagar a esta empresa en concepto de deuda principal de la compensación económica.

Este caso hace referencia a una permuta de terrenos realizada por el Ayuntamiento de una parcela donde se construyó el centro comercial Plaza Nueva por otros terrenos que tenía esa sociedad en la zona de la Finca de la Mora. Este acuerdo fue realizado en 2005 y los distintos gobiernos locales no lo habían ejecutado.

CASO LOS PINOS

La otra sentencia judicial que el Ayuntamiento pretende pagar es la referida al abono de 2,3 millones de euros como parte del pago de la expropiación de un terreno en la avenida de Los Pinos.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó un auto de sentencia favorable a las reclamaciones efectuadas por Julia Fernández Cuervo Martín, propietaria de los terrenos, que se habían quedado encajonados.

HERENCIA

Cuando llegó a la Alcaldía Santiago Llorente comprobó que uno de los lastres que debía afrontar su Gobierno municipal era el pago de sentencias millonarias. “Hay sentencias que suponen un grave quebranto para las arcas municipales”, afirmaba Llorente en septiembre de 2015.

En ese momento el regidor cifraba en unos veinte millones de euros que se debían desembolsar por los pagos referentes al Parque Picasso, colegio Azorín de Vereda de los Estudiantes y el caso Portfolio de Plaza Nueva.

El Ayuntamiento abonó las reclamaciones de los antiguos propietarios del terreno del colegio que lo habían cedido de forma gratuita para un uso escolar hace medio siglo. También se llegó a un acuerdo con los propietarios del Parque Picasso, a los que se les viene pagando en anualidades la deuda contraída.

FINANCIACIÓN

Santiago Llorente ya precisaba en septiembre de 2015 que estas sentencias “nos ponen en una situación financiera muy complicada y nos van a dificultar la puesta en marcha de otros proyectos”. Los buenos cierres económicos de los últimos ejercicios presupuestarios han hecho posible que se puedan afrontar las deudas.

Con el paso del tiempo también se han desvelado nuevas sentencias judiciales condenatorias para el Ayuntamiento de Leganés. Por ejemplo, al Ministerio de Defensa se le debe compensar con el pago de 1.623.135 euros por los terrenos del bulevar de Paquita Gallego, que había comenzado a tramitarse su expropiación en 2006.

Asociaciones vecinales cifraron recientemente en 27 millones de euros el dinero que se va a tener que pagar por todas las sentencias judiciales y afirmaron que muchos de los juicios se han perdido por una mala gestión de los expedientes.

URBANIZACIÓN

También a este Pleno extraordinario el equipo de Gobierno ha elevado un expediente para pagar los gastos de las obras de urbanización que tiene que afrontar el Ayuntamiento en la construcción del barrio Puerta de Fuenlabrada.

El Ayuntamiento está representado en la Junta de Compensación al ser el propietario del treinta por ciento del terreno donde se va a desarrollar este proyecto urbanístico. En concreto, el Consistorio debe afrontar un pago de 764.500 euros.

Además, en la propuesta elevada al Pleno se plantea el abono a la Comunidad de Madrid de las cuotas correspondientes al Consorcio Regional de Transportes, unos gastos valorados en 1.423.000 euros. También, el Gobierno local pretende que con esta modificación presupuestaria se paguen 467.715 euros para abonar una serie de facturas contabilizadas.