Cuando señalar al vecino no es elegante: Recuenco y la advertencia de su homólogo en Móstoles sobre la tasa que nadie quiere pagar
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha advertido públicamente a su homólogo de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), de los posibles «problemas jurídicos» que podría acarrearle su negativa a implantar la nueva tasa de basuras. Una advertencia que, aunque haya estado formulada en tono institucional, no deja de resultar llamativa y algo que lleva a cierta reflexión: y es que siempre tiene algo de feo señalar al alcalde de al lado, y más cuando ambos comparten partido y, en el fondo, la misma opinión sobre la medida. Resuena en las mentes que siempre huyeron de la figura del ‘acusica’ cierto sentimiento de molestia ante hechos como este.
Porque conviene no perder de vista lo esencial: la tasa de basuras no gusta a nadie. No hay vecino que celebre la llegada de un nuevo recibo ni que entienda por qué debe pagar más por un servicio que ya se presta y que, en muchos casos, podría financiarse con los recursos ordinarios del Ayuntamiento. Presentarla como una obligación incuestionable puede servir para tranquilizar conciencias políticas, pero no para convencer a los ciudadanos.
La advertencia de Bautista abre, además, un debate que va mucho más allá del cumplimiento formal de la ley. ¿Debe un alcalde limitarse a trasladar un impuesto impopular porque «toca», o está legitimado para cuestionar una medida que considera injusta, mal definida y contraria a la autonomía municipal? La respuesta no es menor, porque de ella depende el papel que se atribuye a los gobiernos locales: meros ejecutores o verdaderos representantes de sus vecinos.
En este contexto, el Partido Popular ha sido el primero en poner en duda la tasa de basuras. No desde la negación, sino desde el análisis. Y dentro del PP, Miguel Ángel Recuenco ha decidido ir un paso más allá y no aplicar el tributo hasta aclarar su encaje jurídico. Una postura que no nace de la improvisación, sino del estudio de la directiva europea y de la normativa estatal que el Gobierno utiliza como argumento.
Recuenco sostiene que la directiva de la Unión Europea no obliga a implantar una tasa concreta ni a crear un nuevo impuesto municipal. Habla de incentivos, de eficiencia y de responsabilidad medioambiental, pero no de cargar directamente el coste sobre los vecinos. La decisión de imponer un tributo generalizado responde más a un criterio recaudatorio del Gobierno central que a una exigencia europea clara.
Paradójicamente, mientras se advierte de posibles consecuencias legales a quien cuestiona la tasa, se pasa por alto que la verdadera inseguridad jurídica la genera una norma mal definida, que deja en manos de cada municipio su aplicación práctica. Bonificaciones distintas, criterios diferentes y modelos dispares auguran un caos administrativo que terminarán pagando, como casi siempre, los ciudadanos.
Resulta especialmente revelador que incluso quienes aplican la tasa reconozcan que no les gusta y que supone una intromisión en la autonomía municipal. En ese escenario, la postura de Recuenco no parece una temeridad, sino una decisión política coherente: escuchar a los vecinos, estudiar la ley y no imponer un impuesto que la mayoría rechaza mientras existan dudas razonables.
Además, el alcalde de Leganés ha optado por una vía prudente y responsable: crear una comisión de estudio, analizar alternativas y dejar claro que no se subirán impuestos ni se aplicará la tasa en 2025 mientras no exista seguridad jurídica. Una actitud que contrasta con la aplicación automática de una medida impopular solo para evitar señalamientos externos.
Al final, más allá de advertencias públicas y gestos poco elegantes entre compañeros de partido, el debate es profundamente ciudadano. Cuando una medida no gusta a nadie, genera dudas legales y amenaza con crear desigualdad entre municipios, la verdadera responsabilidad política no siempre está en obedecer sin rechistar, sino en defender a los vecinos aunque eso incomode. Y en este caso, Miguel Ángel Recuenco ha decidido hacerlo.