PP y Vox han aprobado este jueves en la Asamblea de Madrid la nueva Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, que, entre otros aspectos, blinda los derechos de los niños en el entorno digital y vela por el uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías.
Esta norma, que sustituye a la vigente desde 1995, refuerza, según han defendido desde le Gobierno regional, los derechos de los 1,2 millones de niños y jóvenes de la región y se adapta al marco normativo nacional e internacional y a los desafíos a los que se enfrenta la sociedad, como los que plantea el desarrollo tecnológico.
La nueva ley, frente a la que los grupos de izquierdas (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) se han abstenido, hace hincapié en los derechos de los niños en relación con el entorno digital, «garantizando su aprendizaje, fomentando el uso responsable y seguro y protegiendo a los menores frente a contenidos perjudiciales, con especial atención a las situaciones de violencia y de las noticias falsas en la red, así como de los contenidos que puedan resultar dañino para su dignidad o desarrollo».
Esta Ley sustituye a la vigente desde 1995 y da cobertura a cerca de 1,2 millones de niños de la Comunidad
La normativa introduce los principios rectores de la actuación administrativa en materia de infancia y adolescencia y el marco de colaboración con las familias, el resto de administraciones públicas, las entidades del tercer sector y las empresas, identificando los órganos de atención y garantía de sus derechos.
Además, adecua la legislación a las mejores prácticas en valoración y tratamiento del riesgo, «impulsando para ello los mecanismos de protección y prevención».
Por otro lado, apuesta por el cumplimiento efectivo del derecho del niño a crecer en una familia, especialmente en el caso de los menores de seis años. Se establecen pasarelas entre los sistemas de acogimiento y adopción para garantizar situaciones estables para los niños, unificando procedimientos y declaraciones de idoneidad.
Sobre el derecho a la educación, el texto promueve la escolarización universal y gratuita a niños de cero a tres años, lo que supone una de las novedades más relevantes de la nueva ley. Del mismo modo, fija la protección integral de la salud de los niños como un derecho irrenunciable, al mismo tiempo que una obligación compartida por el conjunto de la sociedad.
