Un Estado fuerte que se precie necesita de distintos pilares sobre los que sustentarse. Por ejemplo, una opinión pública libre, crítica y que presione a los distintos poderes (públicos y privados) para no perder esa robustez. Precisamente, que tanto el sector público como el privado estén en armonía, que no premie uno sobre el otro y, sobre todo, que uno no machaque al otro. Es fácil de entender. Para que haya una sector público fuerte necesitamos de uno privado igual de potente y viceversa.
Desgraciadamente, el actual Gobierno de España o no lo sabe o, peor aún, sabiéndolo obra en contra de los propios intereses del Estado. Y es que socialistas y comunistas, en esta legislatura, han desatado un infierno fiscal contra todo lo que olía a sector privado. Autónomos, pequeñas, medianas, grandes empresas… Nadie ha escapado a esa voracidad recaudatoria que tendría sentido si viéramos el resultado en servicios públicos de calidad. Cosa que, por desgracia, es inexistente. Y para muestra, el servicio público de salud de toda (sí, toda) España o el Cercanías.
El Ejecutivo vende que, en este tiempo, las pensiones han subido y el salario mínimo interprofesional, también. A la par, las cotizaciones, retenciones e impuestos varios. Por no hablar de los indirectos, del precio de los alimentos y, en definitiva, la temida inflación. Es decir, lo comido por lo servido.
Para que haya un sector público fuerte necesitamos de uno privado igual de potente y viceversa. Desgraciadamente, el actual Gobierno se dedica a machacar al segundo mientras deteriora al primero
Es más, el Gobierno de España se vanagloria de poner en marcha ayudas para las personas vulnerables, cada vez más, y saca pecho, precisamente, de llegar a más población. Es decir, el Ejecutivo celebra la miseria que crea a través de sus leyes y reales decretos.
Su intromisión vía impuestos en la esfera privada no queda ahí, sino que las normas auspiciadas por los dos partidos gobernantes y secundadas por sus socios de dudosa honorabilidad han debilitado a otras instituciones del Estado, como el Poder Judicial. Y de esa presión fiscal, más la inseguridad jurídica llegan los lodos. El camino hacia la ruina. Así que las empresas se van, se marchan de España. Y hacen bien, lamentablemente.
¿Quién en su sano juicio invertiría en un país así? Un país que no se respeta a sí mismo, que tiene un marco normativo voluble, en función de los intereses de los gobernantes, que no de los gobernados. Un país que dilapida miles de millones de euros en gasto político y al que le asaltan los casos de corrupción. El último en ciernes: el ‘caso Mediador’ con Tito Berni a la cabeza.
Una de esas empresas que ha puesto pies en polvorosa es Ferrovial. Lejos de convencerla, el Gobierno la ataca. Sí, un Gobierno arremetiendo contra los generadores de empleo y riqueza. Esta es la realidad a día de hoy que, afortunadamente, podemos cambiar de aquí a unos meses. Basta con votar, y no precisamente a los que han abierto las puertas del infierno ruinoso. Tenemos otra oportunidad, no la desaprovechemos.
