La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles (la mitad de la judicatura) han remitido un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores Y Transparencia, Vêra Jourová, y al Comisario Europeo de Didier Reynders, denunciando lo que consideran un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en nuestro país, por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.

En el escrito, de seis páginas, los firmantes solicitan a la Comisión Europea a adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.

Concretamente, solicitan a la Comisión Europea, que tome conocimiento de su escrito acerca de las reformas legislativas sobre «el apagón y desapoderamiento» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -por la reforma que impide nombramientos estando este órgano en funciones- y su «colonización por los partidos políticos», que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación), «y con ello su independencia e imparcialidad».

A juicio de los firmantes, esta actuación pone en riesgo el Estado de Derecho, «lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, por lo tanto, del propio Derecho de la Unión».

También explican a la UE que el actual proceso de renovación del CGPJ se inició hace más de dos años y que desde entonces los negociadores de los partidos políticos se reúnen sin llegar a un acuerdo. «De esta manera, la decisión de las Cámaras legislativas es suplantada por los partidos políticos dominantes, que también se han negado a modificar el sistema de elección de vocales judiciales».

A juicio de estas asociaciones, «se trata de una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento, lo que es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción».