Mónica Cerdá, otra vez al juzgado. La concejala expulsada del PSOE y ahora no adscrita ha sido citada a declarar en calidad de imputada por presunta prevaricación. Concretamente se investiga la adjudicación a dedo de la ‘Guía de Comercio y Hostelería’ por parte de GISA a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe (ACOEG). Cerdá deberá comparecer a las 11.15 horas del próximo 17 de julio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Getafe, según se especifica en la providencia judicial, a la que ha accedido Al Cabo de la Calle.
La querella contra la edil interpuesta por el PP de Getafe, fue presentada después de que se tuviese constancia de la existencia de un informe técnico de GISA en el que se duda de que la adjudicataria (ACOEG) contase con la habilitación necesaria exigible para la elaboración y realización “de la actividad que constituya el objeto del contrato”. Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2016, período en el que Cerdá aún formaba parte del Gobierno de Sara Hernández y era consejera delegada de la citada empresa municipal.
El informe, elaborado por un trabajador del área jurídica de GISA, dice que “analizados los estatutos presentados por la Entidad, los fines establecidos no guardan a juicio de quien suscribe el presente informe, relación con el objeto de la presente contratación”.
“La alcaldesa ha maniobrado para convertir GISA en la sede de otro chiringuito socialista”, dice el PP
En este sentido señala que “hubiera sido conveniente solicitar para la contratación de estos servicios a otras empresas o entidades que estén capacitadas y que entre su objeto y fines guardaran relación con el objeto del contrato, quedando la decisión de proceder a la contratación del presente contrato en todo caso, en manos del órgano de contratación competente en este caso, la consejera delegada de la Sociedad”. Y a pesar de este informe, el Gobierno de Sara Hernández continuó con la polémica contratación.
En torno a este caso, el PP de Getafe siempre ha subrayado que se trata de “otro ejemplo que demuestra que el equipo de la alcaldesa ha maniobrado desde el inicio de la legislatura para convertir GISA en la sede de otro chiringuito socialista, con adjudicaciones y contratos que se encuentran bajo sospecha”.
También se denuncia la desaparición de documentación del expediente de contratación de la ‘Guía de Comercio y Hostelería por barrios de Getafe’, lo que a juicio del PP supone “un claro indicio de que se ha podido alterar con el claro objetivo de facilitar su adjudicación”.
Supuestamente, la ‘Guía de Comercio y Hostelería’ también vulneró la ley al no incluir el número de depósito legal en la publicación. Según la legislación vigente, todos los editores de una obra publicada en formato tangible, como es el caso de esta Guía, están obligados a solicitar el número de depósito legal, que deberá requerirse antes de realizar la impresión o producción de la obra.
