La denuncia del Ayuntamiento de Alcorcón por los vertidos de Ventorro del Cano da lugar a la apertura de un procedimiento sancionador por parte de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid ha iniciado un procedimiento sancionador por la presunta gestión incontrolada y el enterramiento de residuos peligrosos en parcelas del entorno de Ventorro del Cano, tras la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Alcorcón al detectar actuaciones que, según sostiene el Consistorio, iban mucho más allá de la retirada de residuos que había ordenado.
El acuerdo de inicio del expediente incorpora la documentación remitida por el Ayuntamiento, así como los informes elaborados por los Agentes Forestales. En ellos se describen movimientos de tierras, la eliminación de cubierta vegetal y la posible trituración, mezcla y enterramiento de residuos, incluidos materiales potencialmente peligrosos.
La cuarta teniente de alcaldesa y concejala de Transición Ecológica, Movilidad, Educación y Medio Ambiente, Trinidad Castillo, ha subrayado que el Ayuntamiento actuó «dentro de sus competencias desde que detectó los primeros vertidos».
«Requerimos en tres ocasiones a la propiedad para que retirara los residuos mediante gestores autorizados y, cuando comprobamos que se estaban realizando actuaciones que excedían claramente la limpieza ordenada, trasladamos toda la documentación a la Comunidad de Madrid, como administración competente en materia de disciplina ambiental», ha explicado.
El Ayuntamiento ordenó limpiar las parcelas, no modificar el terreno
Los servicios municipales detectaron a comienzos de año importantes acumulaciones de residuos en varias parcelas de la zona. Entre febrero y marzo, el Ayuntamiento remitió tres requerimientos a la propiedad para exigir la retirada de los materiales y su gestión a través de empresas autorizadas.
Según recalca el Consistorio, esas órdenes se limitaban exclusivamente a la limpieza de las parcelas y a la retirada de los vertidos ilegales. En ningún caso autorizaban movimientos de tierras, la eliminación de vegetación, la trituración o el enterramiento de residuos, ni cualquier otra actuación destinada a transformar el terreno.
Posteriormente, una inspección municipal constató que se habían realizado trabajos de roturación y se había eliminado la cubierta vegetal sin autorización. Ante esta situación, el Ayuntamiento trasladó los hechos a la Comunidad de Madrid y solicitó una investigación urgente para determinar el alcance de la posible afección ambiental.
«Lo dijimos entonces y lo reiteramos ahora: una orden municipal para retirar residuos ilegales no puede convertirse en una coartada para triturarlos, mezclarlos con la tierra, enterrarlos o causar un daño ambiental todavía mayor», ha señalado Castillo.
Investigación y posible sanción
La apertura del procedimiento sancionador llega tras las inspecciones realizadas por los Agentes Forestales y el análisis de la documentación técnica y administrativa remitida por el Ayuntamiento.
La Comunidad de Madrid investiga una presunta infracción grave relacionada con la gestión incontrolada de residuos peligrosos. El acuerdo de inicio del expediente también contempla la obligación de reparar los daños que se hayan podido causar en la zona afectada.
Para la concejala de Transición Ecológica, el objetivo principal va más allá de depurar responsabilidades: «Lo importante no es únicamente que se depuren responsabilidades. Lo fundamental es que se esclarezca lo ocurrido y que el daño ambiental sea reparado cuanto antes. Esa ha sido nuestra prioridad desde el primer día y seguirá siéndolo».
Refuerzo de la lucha contra los vertidos ilegales
El Ayuntamiento enmarca este procedimiento en la estrategia municipal para combatir los vertidos ilegales, basada en la detección temprana, la actuación administrativa, la colaboración entre administraciones y el refuerzo de la vigilancia ambiental.
Estas actuaciones comenzaron el pasado mes de junio, cuando la Concejalía de Transición Ecológica puso los hechos en conocimiento de la Comunidad de Madrid y reclamó una investigación urgente.
Además, el Consistorio recuerda que ha reforzado la vigilancia con la instalación de nuevas cámaras en distintos puntos del municipio, una medida que ya ha permitido identificar y sancionar a una decena de infractores durante sus primeros meses de funcionamiento.