Miguel Ángel Recuenco, el regidor leganense, se mantiene firme y sigue sin aplicar la tasa de basuras
En Leganés hay una palabra que se repite últimamente cada vez que alguien pregunta por la famosa tasa de basuras: prudencia. Prudencia política, prudencia jurídica y, sobre todo, prudencia económica. Mientras decenas de ayuntamientos se apresuraron a adaptar el nuevo impuesto impulsado por Europa y el Gobierno central, el Ejecutivo local decidió echar el freno y así continúa. No porque se niegue a cumplir la ley, insiste el alcalde, sino porque nadie parece tener demasiado claro cómo aplicarla sin acabar atrapado en un laberinto administrativo y judicial.
En el despacho de Alcaldía no hablan de rebeldía fiscal ni de insumisión municipal. Hablan de dudas. Muchas dudas. «Nos estamos encontrando sentencias que están echando para atrás muchas tasas de basura porque es muy difícil cuantificar cómo establecer esa tasa a los vecinos», explica el alcalde, Miguel Ángel Recuenco. Su mensaje es claro: antes de aprobar un nuevo recibo que termine siendo tumbado por los tribunales, prefiere esperar.
La escena se repite en otros municipios del sur madrileño. Hace apenas unos días, Alcorcón también decidió suspender el calendario de cobro de la tasa ante la inseguridad jurídica que empieza a rodear la norma. Y ahí está precisamente el corazón del debate: una ley obligatoria cuya aplicación práctica todavía genera más preguntas que respuestas.
Porque en Leganés insisten en algo importante: el Ayuntamiento sí está pagando. Paga a la Mancomunidad, sufraga los costes de recogida y tratamiento de residuos y mantiene operativo el servicio. Lo que no ha hecho es trasladar ese coste directamente al bolsillo de los vecinos mediante una nueva tasa municipal adaptada a la legislación estatal.
«Nosotros no estamos dejando de pagar lo que debemos. Nosotros pagamos», recalca Recuenco, consciente de que la palabra ‘tasa’ se ha convertido en un asunto especialmente sensible en cualquier conversación vecinal.
En realidad, el Ayuntamiento ya cuenta con un tributo relacionado con residuos aplicado a determinados comercios, aunque no adaptado a la nueva normativa estatal. El problema, según el Gobierno local, es que la ley obliga a diseñar un sistema extremadamente complejo: calcular cuánto genera cada vivienda, cómo repercutir el coste real del servicio o cómo evitar desigualdades entre vecinos.
Y en medio de ese rompecabezas jurídico aparece otro temor menos visible, pero igual de importante: tener que devolver el dinero dentro de unos años. «No me voy a embarcar en una nueva tasa que luego haya que devolver porque genera un embrollo administrativo», viene a resumir el alcalde.
La posición del Ejecutivo local conecta además con una estrategia fiscal más amplia. Desde su llegada al Gobierno municipal, el Partido Popular ha construido un discurso basado en la bajada de impuestos. Presumen de haber reducido la plusvalía y, especialmente, de haber eliminado la tasa de tenencia de animales, una medida que Recuenco reivindica con cierta carga política.
«Los animalistas que dicen que son las fuerzas de izquierdas… al final ha sido un Gobierno del Partido Popular el que ha quitado la tasa por tener mascotas», señala.
Ahora estudian nuevos movimientos fiscales. Sobre la mesa aparecen posibles rebajas en el Impuesto sobre Construcciones (ICIO) y en el impuesto de vehículos (IVTM), aunque el alcalde admite que el margen es estrecho y que no quiere poner en riesgo la estabilidad económica municipal.
«Tampoco queremos ser un paraíso fiscal», reconoce. Porque el equilibrio —dice— sigue estando entre aliviar la presión fiscal y mantener unos servicios públicos que cada vez cuestan más dinero.
Mientras tanto, la tasa de basuras sigue suspendida en una especie de limbo político y jurídico. En Leganés, el Gobierno municipal ha elegido esperar antes que improvisar.