La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha celebrado este miércoles el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJM) que obliga a la Comunidad de Madrid a dotar de personal sanitario y test de detección del coronavirus en las residencias de la ciudad.
«Creemos que este auto va a salvar vidas en las residencias de Alcorcón», ha dicho De Andrés en una rueda de prensa por videoconferencia. La alcaldesa ha recordado que fue la propia Comunidad de Madrid quien había pedido apoyo al Ayuntamiento para proporcionar EPIs y retirar cadáveres de personas fallecidas en las residencias de la ciudad.
Los Bomberos de Alcorcón notificaron «los importantes números de contagios y fallecidos. Y «a partir de esa situación, desde este Gobierno «nos vimos obligados a actuar».
Así ha remarcado que «por lealtad institucional hicimos una solicitud formal a la Comunidad por escrito el 3, 5 y 6 de abril. Esperamos un tiempo prudencial sin contestación y no podíamos estar quietos».
De esta manera, De Andrés recalca que se acudió al TSJM solicitando las medidas cautelares para dotar de EPIS y más personal a las residencias, junto a test de detección. Y el Alto Tribunal ha fallado a favor del Ayuntamiento.
«Estamos muy satisfechos, no por dar un varapalo jurídico a la Comunidad, sino que con esta actuación vamos a conseguir mejorar la vida de 569 mayores que viven en las residencias de la ciudad. Va a mejorar sus vidas y creemos que va a salvar vidas».
LLAMAMIENTO A OTROS ALCALDES
Natalia de Andrés, además, ha informado que pidió a los partidos de la oposición que colaborara para que utilizarán sus conexiones con la Comunidad de Madrid para que se medicalizarán las residencias. «Desafortunadamente no hemos tenido constancia de ninguna actuación de ningún grupo político, y mucho me temo que no era el objetivo de ninguno de estos grupos».
Así, tras criticar la «falta de lealtad de la oposición», la alcaldesa de Alcorcón ha llamado al resto de alcaldes de la zona recurran a la Justicia.
Y en este sentido, ha pedido a la Comunidad de Madrid que «en lugar de despedir a esos profesionales sanitarios que contrató en el mayor pico de contagios, que los derive a las residencias de mayores». Exigiendo, así, que ejecute el fallo del TSJM, que no admite recurso y da un plazo de tres días para su aplicación.
