La candidatura de unidad vecinal, Somos Pinto, ha solicitado a la Cámara de Cuentas de Madrid, una fiscalización exhaustiva de los gastos del servicio de Primera Intervención Municipal de Emergencias y Rescate (PIMER), entre los años 2008/2022.

«A la falta de consideración por no haber tenido en cuenta, en la creación de dicho servicio municipal, las normas que regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), que versan en la Comunidad de Madrid, se une el ingente gasto llevado a cabo durante estos quince años para un servicio municipal que colisiona, por todos los planos posibles, con aquellas normas que son de aplicación en el ámbito de la Protección Civil, así como en el control y la regulación del gasto público», ha expuesto el partido, en un comunicado.

Asimismo, justifican que con esta petición «se pretende poner de manifiesto que, aún a sabiendas de que este gasto se ha estado llevando a efecto, nuestros representantes políticos, los que participaron de la creación del PIMER así como los que han colaborado sucesivamente en esa ejecución de gasto, han sido plenamente conscientes de lo que han estado haciendo».

Somos Pinto quiere que se analice como, desde su creación en 1991 a su profesionalización en 2008, algunos pasaron de voluntarios a personal laboral. También en qué condiciones se hicieron esas pruebas y designaciones.

Por otro lado, consideran que «con el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid prestando el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en Pinto, por cuyo servicio el municipio ha estado abonando, y abona, una tasa a la Comunidad de 1,6 millones de euros anuales, y con el SUMMA 112 prestando los servicios de transporte sanitario y atención sanitaria urgentes, no parecía posible que el Ayuntamiento de Pinto pudiera ejecutar un gasto público para realizar funciones que ya estaban siendo desempeñadas por otra administración».

Un «ingente gasto», a su juicio, al que se suman las recientes compras de material y vehículos antiincendios, pese a no tener la competencia, y que ha llevado a serios rifirrafes al actual Gobierno y el de la pasada legislatura con los Bomberos.

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