El pasado mes de mayo, el alcalde de Pinto, Diego Ortiz, alcanzó un acuerdo con los grupos de Podemos y Unidas Pinto, cuyo portavoz es el exregidor, Rafael Sánchez. Y desde entonces se ha producido “un cambio de actitud” en Ortiz.

O eso es al menos lo que piensan desde Ciudadanos Pinto, en palabras de su líder, Nadia Belaradj. La edil naranja señala que “Ciudadanos se vio obligado a retirar una moción sobre conciliación familiar en el último Pleno, ya que el alcalde no permitió realizar una enmienda in voce, aprobada por todos los grupos municipales”.

Para Belaradj se trataba de una moción “muy importante para fomentar el teletrabajo en nuestro municipio y para promover la conciliación familiar, personal y profesional”, que finalmente no pudo ser debatida.

“No reconocemos al PSOE del inicio de la legislatura que era proclive al diálogo”, ha declarado la portavoz naranja, esperando que “rectifiquen y sean capaces de consensuar con todos los grupos políticos, en especial por la crisis a la que nos enfrentamos”.

TRIPARTITO “SIN FISURAS”

El PP local coincide con esta visión y asegura que estos partidos han construido “un bloque tripartito sin fisuras”, que a su juicio “queda demostrado con que votaron lo mismo en todos los puntos llevados al Pleno”.

Así los populares recuerdan la negativa del Gobierno local y el resto de la izquierda radical pinteña a “instar al Ejecutivo central a dotar a los ayuntamientos de recursos para hacer frente a las necesidades aparejadas al Ingreso Mínimo Vital”. Prestación que deben tramitar los consistorios. O también la negativa de estos grupos “a instar al Gobierno de España a permitir destinar todo el remanente de Tesorería, para hacer frente a la crisis de la Covid-19″.

Únicamente votaron a favor, como toda la Corporación, de crear una comisión que investigue “si el PSOE recibió casi medio millón de euros de la trama Púnica durante los años 2000 y 2002″.

Finalmente, desde el PP local vuelven a reclamar la convocatoria de grupos de trabajo y comisiones, como la mesa de la desescalada anunciada el 30 de abril, la mesa para modificar el Reglamento Orgánico Municipal o el de la revisión del PGOU.