Pedro Sánchez anuncia impuestos a la banca (Foto: Congreso.es)

A Pedro Sánchez y su séquito de ministros, aduladores y voceros les ha salido mal cruzar el Rubicón y desafiar al Estado de Derecho. Era el resultado esperado, pues Sánchez representa todo lo contrario de Julio César. Es un mentiroso patológico, no tiene honor, ni palabra y mucho menos dignidad.

El Gobierno que preside junto a su banda, como bien la definió Albert Rivera, ha hecho saltar todos los resortes de nuestra joven Democracia para seguir en el poder. Pero se ha topado con uno, y no es la primera vez, que se le resiste: la Constitución. Recordemos que Sánchez es el líder del Ejecutivo responsable de dos estados de alarma inconstitucionales y ahora, de forma torticera, ha tratado de retocar leyes orgánicas por los procedimientos que no corresponden.

En síntesis, aprovechando la derogación del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación, para contentar a sus socios golpistas catalanes y seguir un día más usando el Falcon, el Gobierno ha colado la modificación de dos leyes orgánicas, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOPC), para colocar a dos de sus afines y así asegurarse el control del Poder Judicial.

España es un Estado de Derecho. No hay nadie por encima de la Ley, cuya norma suprema es la Constitución y su intérprete el Tribunal Constitucional, no un Parlamento, ni un Gobierno. Lo contrario a esto es defender una dictadura

Ante este atropello y en virtud del artículo 42 de la LOTC, que da la posibilidad a los diputados que consideren vulnerados sus derechos, a recurrir en amparo las decisiones o actos sin valor de ley de la Mesa del Congreso, el PP ha apelado, al entender que se ha intentado meter con calzador en una proposición de ley, dos enmiendas que nada tienen que ver con el objeto de la norma a la que se incorporan, considerando que se ha lesionado su derecho de participación política. Algo, por cierto, que ya hizo en 2003 y 2011 el PSOE y el Tribunal Constitucional le dio igualmente la razón.

Así que, ni se secuestra el debate, ni se da un golpe blando, ni gaitas. El Constitucional, simplemente, le está diciendo al Ejecutivo y al Legislativo que no sean tramposos, que cambien las leyes si quieren, pero que lo hagan por el procedimiento establecido, cumpliendo con la Constitución. Nada más.

Esta vez no son las rotativas, como decía Humphrey Bogart en El cuarto poder; está vez es el Estado de Derecho, amiguito, el que le frena sus ínfulas de tirano bananero. Por supuesto, lejos de reconocer este ‘(des)propósito’, sus altavoces hablan de “jueces golpistas” y “mandato caducado”. y hay que recordar, otra vez, el artículo 17.2 de la LOTC, que establece que los magistrados continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que tomen posesión quienes hubieren de sucederles. Es decir, que los jueces no caducan, no son yogures. Tampoco los Presupuestos, sino que se prorrogan.

España es un Estado de Derecho. No hay nadie por encima de la Ley, cuya norma suprema es la Constitución y su intérprete el Tribunal Constitucional, no un Parlamento, ni un Gobierno. Lo contrario a esto es una dictadura. Por lo que si el presidente se dice defensor de la Constitución, que invoque el artículo 115, disuelva las Cortes y convoque elecciones.