Llegó el 1 de junio y con él, la nueva factura de la luz perpetrada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con la cooperación necesaria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “para fomentar el ahorro y la eficiencia energética en el hogar”, y “hacer que el recibo sea más justo y que puedas ahorrar en lo que pagas por la electricidad”. Palabras textuales del Ministerio que dirige Teresa Ribera, una ministra que se embolsa al año 79.746,24 brutos de sueldo.
Este lunes, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, salía ante la opinión pública argumentando que con esta nueva factura por tramos, “el Gobierno está haciendo un ejercicio de pedagogía”. Un ministro, Garzón, que se lleva al año 102.292,84 euros.
En España, la factura de la luz aguanta el 21% de IVA, que se aplica sobre la potencia contratada, la energía que se consume, el impuesto sobre la electricidad y el alquiler de los equipos. En Reino Unido, el tipo aplicado es del 5%; en Francia del 5,5%; en Grecia, del 6%, en Italia, 10%; o en Portugal, del 13%, por citar solo unos ejemplos. Con esta nueva tarifa y según estimaciones, el Ejecutivo español espera ingresar 2.200 millones de euros. ¡Toma “ahorro” y “pedagogía”!
El Gobierno de los 23 ministerios y más de 1.200 asesores -incluyendo organismos autónomos y entidades públicas que dependen de esos ministerios- hablando de “ahorro” y “pedagogía”. Sería una broma de mal gusto si no fuera, efectivamente, realidad. La nueva factura de la luz es una tomadura de pelo en toda regla, que no sostiene ni el propio argumentario progre de un Ejecutivo echado al monte del autoritarismo más soez.
Nada mejor que la hemeroteca para mostrar la catadura moral de los integrantes del Ejecutivo más costoso de nuestra historia reciente: “La subida de la luz del 8% prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy, y alerta del riesgo de más gente sufriendo pobreza energética”, decía en 2014 Pedro Sánchez, cuando en 2021 es un 44% más cara.
Pero sigamos: “Queremos para España un Gobierno estable y capaz de cambiar las cosas importantes: bajar la factura de la luz, regular el precio de los alquileres y que la banca devuelva lo que debe. Para eso vamos a trabajar”. Estas palabras eran de Irene Montero en 2019, cuyo ministerio, el de Igualdad, nos cuesta al año a los españoles, casi 500 millones de euros.
El Gobierno de los 23 ministerios y más de 1.200 asesores habla de “ahorro” y “pedagogía” con la factura de la luz. Una broma de mal gusto si no fuese realidad
Este saqueo institucionalizado se hace a costa del bolsillo de una población empobrecida, que ha soportado y soporta una de las peores crisis económicas que se recuerdan y que durará años. No se lleven a engaño. Con una deuda pública superior al 120% del PIB anual, nuestros hijos, nietos y tataranietos nos mirarán con incredulidad y estupefactos, para sonrojo y vergüenza de una población que consintió este atraco a mano armada. El primero de muchos.
Obligar a la población a cambiar sus hábitos de consumo energético, gravando con más impuestos y sin que la clase dirigente que vive de esos ciudadanos haya tenido el mínimo gesto de austeridad, es un insulto a la inteligencia, por no llamarlo crimen. Insistimos, en una de las mayores crisis económicas que se recuerda, de hambre, miseria y pobreza, con el teletrabajo avanzando a pasos agigantados.
Este Gobierno, de nuevo, muestra la peor cara del poder: la de la codicia y la insensibilidad. ¡Ya está bien!. Si los españoles vamos a pagar la factura de la luz más abultada que se recuerda, que el Gobierno pague la factura de una calle harta de abusos.
