Leganés celebró la pasada semana un nuevo Pleno. Y como viene siendo la tónica general de esta legislatura, con incidentes. Debido a las protestas del público, fundamentalmente los sindicatos, el alcalde de la ciudad, Santiago Llorente, informó a los grupos municipales que la sesión debía celebrarse a puerta cerrada en la segunda planta, tal y como postula el artículo 76.4 del Reglamento Orgánico Municipal.

En una ocasión anterior en la que también se produjo esta situación, los grupos de la oposición (PP, VOX, ULEG y Podemos) se negaron a participar y la sesión continuó a puerta cerrada. En la del miércoles pasado, en cambio, éstos mostraron sus reticencias y los ediles de ULEG –Mercedes Neria y Virginia Benito– y Unidas Podemos –Gema Gil y Óscar García-, en un gesto impropio de representantes públicos, sacaron silbatos en mitad del acto plenario.

Llorente les llamó al orden, pero estos continuaron soplando sus pitos ante la confusión del resto de miembros de la Corporación. Como persistieron en esta suerte de boicot a la decisión del regidor de continuar a puerta cerrada, el alcalde requirió a la Policía Local que procediera a desalojar a estos ediles. Algo que terminó haciéndose sin más incidentes.

Los concejales de PP y la edil de VOX se marcharon también en solidaridad con los otros dos grupos. Desde ULEG aprovecharon la decisión del alcalde para arremeter contra su gestión y le acusaron de “ser incapaz de echar al público que molesta en el Pleno y cuando protesta un edil por un Pleno a puerta cerrada le echa”.

Para más inri, en los últimos días, el portavoz de este grupo político, Carlos Delgado, anunció que había presentado un recurso contencioso-administrativo contra el alcalde por vulneración de derechos fundamentales, al celebrar los plenos a puerta cerrada y “convocarlos censurando las iniciativas de la oposición”.

Por su parte para Unidas Podemos quedaba de manifiesto “la falta de talante democrático y negociador del alcalde y del Gobierno municipal”. E insistían en que “nuestra protesta pacífica simplemente pretendía conminar al alcalde y su Gobierno a que se sienten con los colectivos, negocien y lleguen a acuerdos”.

En similares términos se expresaron desde PP y VOX, que también cargaron contra la decisión tomada por el alcalde y la expulsión de estos ediles.

“INAUDITO”

Días más tarde, el alcalde, Santiago Llorente, valoró como “inaudito” el comportamiento de estos ediles. Eso sí, el regidor entendía las protestas de colectivos o sindicatos que “alzan su voz” como mecanismo de protesta en los plenos. “Es algo que no es lo más correcto, pero entiendo que es de las pocas cosas que uno puede hacer”.

En este sentido, recordaba que en caso de incidentes “el reglamento prevé que la policía desaloje o bien que continúe en otra sala”, y apuntaba que “últimamente son los sindicatos y entiendo esas reivindicaciones, pero ellos tienen que comprender que tenemos que seguir con el Pleno”.

Eso sí, para Llorente no es “comprensible” que “un concejal, al que le pagamos todos los vecinos por ir al Pleno no quiera ir. A los políticos nos pagan por hablar, por buscar acuerdos y tomar decisiones”.

E insistía en que “un señor de un sindicato o un vecino puede montar algún tipo de algarabía en el Pleno porque no puede hablar, pero un concejal sí puede hablar en el Pleno y tiene que utilizar los mecanismos a su alcance para defender su posición”, sentenciando que “desde luego que un concejal toque un silbato en el Pleno es inaudito. Los vecinos nos pagan para defender una posición política. Ir con un silbato es faltar el respeto a los vecinos que nos pagan el sueldo”.

ENCUESTA

LEGANÉS – ¿Está de acuerdo con que los concejales lleven silbatos a los plenos municipales?