El Gobierno de España aprobaba recientemente el Real Decreto-Ley 1/2021, de 19 de enero, que establece medidas de protección de consumidores y usuarios en situaciones de vulnerabilidad social y económica. En síntesis, protege bajo la retórica de ‘consumidor vulnerable’ a quienes ‘okupen’ una vivienda privada, en un claro atentado contra la propiedad reconocida por la Constitución en su artículo 33.
Algunos ayuntamientos, como el de Serranillos del Valle, se han puesto manos a la obra para evitar en la medida de lo posible, este apoyo del Ejecutivo español a los ‘okupas’, poniendo en marcha un protocolo para «frenar posibles intentos de ‘okupación’ como ha sucedido estas semanas, derivados de aquellas personas que hacen un uso fraudulento de esta ley, ‘okupando’ viviendas sin necesitarlo, causando un perjuicio al propietario y rompiendo la convivencia vecinal de los alrededores del inmueble».
Así, el Consistorio hará un inventario de las viviendas deshabitadas que pertenezcan a entidades bancarias, fondos financieros o empresas, «que realicen actualmente una especulación perpetuada en el tiempo o que se encuentren en un procedimiento judicial o limbo legal, y sean perceptibles de ser ‘okupadas’ o vandalizadas».
Posteriormente, la Policía Local elevará un informe sobre las condiciones de salubridad de estos inmuebles, instando a los propietarios jurídicos de estas viviendas para que tomen medidas ‘antiokupas’, en un plazo de 48 horas.
«Si no cumplen y actúan en los plazos ofrecidos realizaremos la labor de cerramiento y seguridad desde el propio ayuntamiento, y subsidiariamente les haremos correr con los gastos», apunta el Consistorio, que anuncia un aumento de la presencia policial en el municipio.
POSIBLE APOYO DE EMPRESAS ‘ANTIOKUPAS’
El protocolo también contempla la posibilidad de que la vivienda se ‘okupe’ o un juez decida que los intrusos se queden en el interior. Aquí, «se pondrán todas las trabas legales posibles, y se instará y hará un control jurídico a las entidades propietarias para que la ‘okupación’ dure el menor tiempo posible».
Aún así el Ayuntamiento no descarta recurrir a la colaboración de «una empresa de seguridad especializada si la situación así lo requiere».
