El Pleno del Ayuntamiento de Valdemoro, convocado con carácter extraordinario, aprobó ayer una moción presentada por el Grupo Popular “en defensa de la Constitución Española, la Igualdad de los españoles y el respeto al Estado de Derecho y la Democracia”.
En la exposición de motivos, el Grupo Popular recuerda que España “es una democracia asentada en la Constitución del 78, nacida del diálogo y el consenso de todos los españoles y que puso fin a décadas de falta de libertad; que el acuerdo del PSOE con los independentistas catalanes para investir a Pedro Sánchez como presidente profana la Constitución, quiebra la igualdad de los españoles ante la ley y dinamita los cimientos de la separación de poderes”.
Los grupos de la oposición (PSOE y Más Madrid) rechazaron la urgencia del Plano. En concreto, el portavoz socialista, Vicente López Roncero, aseguró que no había necesidad alguna de tal urgencia, al margen de la voluntad de los populares de hacer coincidir la convocatoria con el Pleno del Congreso de los Diputados en el que Sánchez era investido presidente del Gobierno con los votos de su grupo, Más Madrid, los separatistas vascos y catalanes, y una diputada de Coalición Canaria.
La moción salió adelante con los votos del Grupo Popular, VOX y Vecinos por Valdemoro. El PSOE no manifestó voto ni a favor ni en contra, lo cual no fue contabilizado como abstención, por decisión del secretario municipal. El voto que sí fue considerado abstención fue el de los dos concejales de Más Madrid, a pesar de que abandonaron el Pleno al comenzar el debate de la moción.
«UN PLENO MENTIROSO»
Su portavoz, Javier Carrillo, asegura que «era un Pleno mentiroso porque ni la Constitución está en peligro, ni nuestra democracia está en peligro, ni el Estado de Bienestar está en peligro. Es simplemente un intento de la derecha por crear más odio y miedo entre los vecinos”.
El rechazo del Pleno valdemoreño a la Ley de Amnistía se suma a la denuncia de todas las asociaciones de jueces y del Consejo General del Poder Judicial, que han censurado el riesgo de quiebra de la separación de poderes que se desprende del acuerdo con los nacionalistas catalanes.
Además, aseguran desde el Ejecutivo local, «se opone a la referencia al ‘lawfare’ o judicialización de la política, expresa el firme rechazo a la concesión de privilegios económicos o fiscales a cualquier Comunidad Autónoma, así como su repulsa a cualquier Ley de Amnistía por ser contraria al principio de igualdad de los españoles ante la Ley».
