El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 21 de Madrid, a través de un auto del 27 de febrero, ha anulado parte del acuerdo que el Ayuntamiento tomó el 13 de abril de 2018, en sesión extraordinaria, por el que se dio inicio al procedimiento de revisión de oficio del contrato de suministro eléctrico que venía prestando la empresa Cofely España.
Este contrato, adjudicado por el Ayuntamiento en 2013 por un importe de 60,8 millones de euros y una vigencia de 15 años, es uno de los que investiga el Juzgado nº6 de la Audiencia Nacional dentro de la denominada Operación Púnica, por presunta corrupción.
El punto que revoca el auto del juez es el referido a la parte del acuerdo del pleno en la que se anula el contrato por un lado y en el mismo se obliga a la empresa a prestar el servicio, por haberlo declarado esencial, sin que se le abonen los servicios prestados, que supusieron la emisión de 45 facturas entre el 11 de noviembre de 2017 y el 1 de abril de 2019 por importe de 2.168.498,18 euros.
El juzgado considera que “es claro que el Ayuntamiento debe abonar los servicios prestados, todo ello con independencia de lo que resulte de la causa penal, pues no puede fundamentarse en la prejudicialidad penal para beneficiarse de la prestación de un servicio, sin abonar el precio. En este sentido, sólo advertir la incongruencia del Ayuntamiento de Valdemoro, que se representa y manifiesta en acordar el inicio de la revisión del contrato y al tiempo suspende el trámite, acuerda resolver el contrato y convocar otro contrato, pero obligando al contratista a mantener las prestaciones del contrato”.
Así, el Juzgado estima parcialmente el recurso de la empresa Cofely España al entender que el Consistorio no puede ordenar la continuación de las prestaciones si no cumple el deber de abonar las facturas pendientes por la prórroga del servicio acordado y prestado, sin meterse a valorar el resto del procedimiento de resolución aprobado en el pleno de abril de 2018 y que fueron igualmente recurridos y se encuentran tramitándose en otros juzgados de Madrid.
Para Sergio Parra, alcalde de Valdemoro, “esta sentencia es un torpedo que va a dificultar aún más la recuperación económica del municipio, por cuanto tenemos que abonar más de dos millones de euros que no teníamos previsto y va a alargar la incapacidad del ayuntamiento para poder invertir en aquellas áreas que más necesitan de nuevas intervenciones y mantenimiento, como las zonas deportivas o los viales públicos, entre otros servicios e infraestructuras”.
Desde su formación política señalan en un comunicado que «en el pleno donde se tomó el acuerdo, Ciudadanos Valdemoro fue el único que no votó a favor del acuerdo, avisando de lo probable que era una posible sentencia condenatoria a raíz del acuerdo que ahora produce el derecho a Cofely por más de 2 millones de euros”, ya aseguran estar convencidos de que “no es el único expediente que de la época en la que Serafín Faraldos era alcalde del municipio costará cientos de miles de euros en indemnizaciones, responsabilidad patrimonial y sentencias”.
Desde el PSOE de Valdemoro han emitido un duro comunicado en el que aseguran que “el contrato de Cofely de la etapa púnica era nulo de pleno derecho. Ciudadanos no hizo nada durante 2015-2017 permitiendo que se continuaran pagando facturas con mordidas, como decía el auto del juez Velasco en noviembre de 2014 en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional 85/2014. Es decir, Ciudadanos decidió seguir pagando a la Púnica, sin hacer nada con el dinero de los valdemoreños, y en ese Gobierno estaba Parra”.
Los socialistas valdemoreños hacen hincapié en que los intereses de la ciudad en ese procedimiento han sido defendidos por un gabinete contratado a dedo por Ciudadanos y que por ello tienen abierta causa judicial.
Recuerdan igualmente que la trama Púnica se destapó precisamente
con Cofely. «Debemos recordar», se lee en el comunicado, » que este contrato se inició en la Concejalía de Servicios a la Ciudad, cuyo titular era David Conde», actual portavoz popular y candidato a la alcaldía por el Partido Popular.
EL PSOE pone de ejemplo a otros ayuntamientos, que «han iniciado los expedientes de responsabilidad conta Cofely por sus contratos respectivos, estando obligada la empresa a indemnizar a los ayuntamientos por varios millones de euros».
