Carlos Valdivieso lleva casi dos años, desde el 28 de septiembre de 2021, sin poder ver a sus hijos, Paula de 9 años y Adrián de 3. Su caso es el de otros padres que han tenido que pasar por el doloroso trance de una denuncia falsa de su expareja.
Y aunque los jueces han reconocido que jamás abusó sexualmente de su hija, y el caso fue archivado por la Audiencia Provincial de Toledo, él no puede ver a los niños porque el Juzgado le obliga a hacerlo en un Punto de Encuentro Familiar (PEF), en el de Pinto, que funciona de manera lamentable.
El Ayuntamiento de Pinto ha licitado el servicio de Punto de Encuentro Familiar con un presupuesto inicial de 80.986,13 euros y un valor estimado del contrato de 178.169,48. La empresa Eulen Servicios Sociales ganó el concurso y gestiona el servicio, que se presta en el Centro Municipal Rosario Acuña.
El Punto de Encuentro está entendido como espacio neutral de intervención temporal, donde se garantiza el derecho de los menores a relacionarse con sus tutores, en virtud de resolución judicial.
Está incluido en un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y su financiación se reparte entre ambas administraciones.
En principio debería dar servicio durante 12 horas semanales, distribuidas 5,5 horas de lunes a viernes por la tarde y 6,5 horas los fines de semana.
Pero en la actualidad solo abre sus puertas los miércoles y el fin de semana, y no puede atender todas las demandas de visitas que le llegan de los juzgados.
Desde la empresa aseguran que han reclamado en varias ocasiones ante el concejal de Servicios Sociales del anterior equipo de Gobierno, Carlos Mario Gutiérrez, de Unidas Pinto, quien reiteradamente hizo oídos sordos. En una ocasión, según la empresa, incluso llegó a decir que el Ayuntamiento no iba a poner ni un euro más en un recurso que no genera beneficios.
Quizá se refería el concejal a 477.364 euros que el anterior alcalde, Juan Diego Ortiz, gastó en 2022 en regalos, cócteles, catering y “gastos institucionales”. Recursos que, a juicio de quienes “gobiernan para la gente” sí genera beneficios.
El hecho es que, desde septiembre de 2021, Carlos Valdivieso está en una lista de espera que amenaza con convertirse en eterna. Tampoco ayuda la situación por la que atraviesa la Administración de Justicia desde hace años. ni las huelgas encadenadas de los funcionarios del Ministerio que mal dirige Pilar Llop.
Ahora, el nuevo Gobierno de Salomón Aguado tiene la ocasión de poner fin a todo este desastre y que no se produzcan más casos como el de Carlos Valdivieso.
“El sistema judicial español nos priva a los padres del derecho a comunicarnos y visitar a nuestros hijos”
Carlos Valdivieso se ha convertido en un activista en defensa de los derechos de los padres separados. Su caso es desgraciadamente habitual. Fue particularmente escandalosa la trama organizada por la Asociación Infancia Libre, muy próxima a Podemos, para quitar la custodia a los padres mediante la interposición de denuncias falsas por presunta violencia machista o abuso de menores. Carlos ha tenido que pasar por el vergonzoso trance de verse ante el juez acusado de abusar de su hija.
“Desgraciadamente, el sistema judicial español nos priva a los padres del derecho a comunicarnos y visitar a nuestros hijos. En mi caso concreto, la Audiencia Provincial ha dejado claro que yo no he abusado sexualmente de mi hija, pero llevo dos años sin poderla ver, ni a ella ni a mi hijo”. Y asegura que va a seguir luchando todos los días hasta que lo consiga.
