Terminamos el año 2023 en manos de un gobierno “Frankenstein” en el que Pedro Sánchez abrazó, de nuevo, el sillón de la presidencia, tras haber suturado con mentiras, opacidad y manipulación, los votos que le faltaban para obtener la mayoría que le devolviera a la poltrona de la Moncloa.
Sánchez prometía un gobierno de coalición progresista, presumiendo de que sus capacidades de diálogo y consenso le habían llevado a lograr el entendimiento entre tan variopinto grupo de socios. Y, al mismo tiempo, ridiculizaba a Núñez Feijóo desde la tribuna del Congreso, por no haber sido capaz de lograr semejante hazaña conciliadora, mientras reía con esperpénticas carcajadas, al no entender cómo alguien podía rechazar ser presidente del Gobierno. El gallego se lo dejó bien claro: “No, a cualquier precio”.
Y eso es, precisamente, lo que a Pedro Sánchez le toca hacer ahora, comenzar a pagar el precio de los votos prestados, por supuesto, no gracias a su elocuencia y su capacidad de consenso, sino a importantes concesiones que, sin duda, ocasionarán un daño irreversible e irrecuperable para España.
Sánchez pasará a la Historia por ser el presidente que deliberadamente levantó un muro entre los españoles. Para él y su interesado séquito, un muro de contención frente a la derecha y la ultraderecha. Pero para el resto de españoles, el muro de la vergüenza que divide a ciudadanos otrora libres e iguales ante la ley, y que los convierte en ciudadanos de primera y de segunda.
Sánchez se ha vendido por un puñado de votos. Pero lo verdaderamente grave, es que ha hipotecado España. Ha atravesado líneas rojas en otro tiempo infranqueables y ya ni se molesta en ocultarlo o en aparentar la más mínima decencia.
Hemos sido testigos de cómo el líder socialista manipuló a sus votantes con mentiras, sentenciando imposibles sobre los cuáles más tarde dijo haber cambiado de opinión. Cuestiones tan graves y trascendentes como la Ley de la Amnistía o la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña y, después, ya veremos…
Los “pactos encapuchados” que Nuñez Feijóo premonizó en su discurso durante el debate de investidura de Pedro Sánchez, ya comienzan a mostrarse. Regalar la Alcaldía de Pamplona a los herederos de ETA solo ha sido uno de los primeros pagos.
Además del proceso que sigue la Ley de la Amnistía para su aprobación, estos días ha trascendido otra de las exigencias de los independentistas catalanes para apoyar los primeros decretos del Gobierno: Junts quiere perseguir a las empresas con sede diferente a su centro operativo, es decir, el partido de Puigdemont condiciona su apoyo a los decretos a imponer sanciones a las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017.
Se estima que unas 9.000 empresas se marcharon de Cataluña en aquel periodo, huyendo de la inestabilidad política y jurídica. Ahora, algunos partidos abogan por revertir la diáspora empresarial por la vía de ofrecer estabilidad y normalización y otros, como Junts por la vía de la sanción. Los socios de Sánchez han de cobrarse su apoyo al presidente y, naturalmente, exigen que este compromiso se plasme en hechos.
Este es el desgobierno de Sánchez, el de los muros. Ya se está trabajando en la cimentación de un nuevo muro que aplaste y diferencie a los empresarios catalanes con premios e incentivos para los afines a la causa independentista y con castigos y sanciones para quienes tuvieron que abandonar su territorio por necesidad. Suma y sigue.
