La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, anunciaba este martes en rueda de Prensa, que la Junta de Gobierno Local ha procedido a adjudicar de forma directa y definitiva, la explotación de una parte del CREEA en favor del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.
Concluido el plazo de alegaciones desde que en septiembre se anunció el proyecto de licitación se procede a dicha adjudicación por un plazo de 50 años, prorrogables a 75 años, para poner en marcha el servicio ‘ATENPRO’ de asesoramiento y protección a las víctimas de violencia de género. La alcaldesa ha estimado en finales de 2023 su puesta en marcha.
Dicha entrega supone una inversión de 32 millones de euros a ejecutar en tres años, procedentes de los fondos europeos ‘Next Generation’, que serán gestionados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En una primera fase y con este presupuesto se ejecutarán las obras de acondicionamiento de este espacio en el CREAA. Posteriormente se dotará del personal necesario para la asistencia policial, jurídica y social de las víctimas hasta su total recuperación.
El servicio atenderá a mujeres de toda España, con lo que se asesorará a los ayuntamientos de todo el territorio en esta materia. Asimismo se habilitarán becas de investigación en este campo.
La adjudicación se hace en plena polémica por la Ley ‘solo sí es sí’ impulsada por Igualdad, aprobada en Consejo de Ministros y en el Congreso de los Diputados, y que está beneficiando a agresores sexuales ya condenados, que con la aplicación de esta nueva normativa, están viendo rebajadas sus penas y, en algunos casos, hasta están siendo puestos en libertad.
Sobre este asunto ha rehusado pronunciarse la alcaldesa de Alcorcón, cuestionada por si era partidaria de una revisión de la Ley, ahora que Igualdad contará con un recurso de todos los vecinos.
