El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para solicitar que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno de España, y líder de Podemos, Pablo Iglesias, debido a su condición de aforado.
El juez ve indicios de tres delitos; daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa, por su presunta implicación en la ‘pieza Dina’, pieza separada que se investiga en el marco del conocido como ‘caso Villarejo’.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que investiga el robo del teléfono móvil de Bousselham y el posterior uso de los archivos que contenía, remite al alto tribunal la instrucción de la pieza en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, quien aún no ha recibido notificación.
La exposición razonada incluye también a la directora de los servicios jurídicos de Podemos María Gloria Elizo y a los letrados de esta formaciónn Marta Flor Nuñez y Rául Carballedo, así como a la propia ex asesora Dina Bouselhan y Ricardo Dasaferreira, estos dos últimos por falso testimonio.
A la espera de la decisión del Supremo, de aceptar la exposición razonada del juez, se daría la paradoja de tener en el Gobierno de España un vicepresidente imputado, cuando el actual Ejecutivo defendió en su moción de censura de 2017 estar alejado de todas estas sospechas que rodean a miembros del equipo.
Será, pues, el alto tribunal quién decida sobre el futuro judicial de Iglesias, que mientras tanto sigue pendiente de la presunta Caja B de su partido, Podemos, y los contratos con Neurona. Por todo ello, el presidente del PP, Pablo Casado, ya ha pedido a Pedro Sánchez que lo cese. «Debe cumplir la misma vara de medir que exigía en su moción de censura», ya dicho.
