Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, dejó para la posteridad una de esas frases que, pese a ser una obviedad de principio a fin, pasan a la historia precisamente por eso. La locución que todavía hoy se recuerda reza aquello que: “En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y los impuestos”.
No es la primera vez, ni será la última, que hablemos de los impuestos. No la absurdez de si son necesarios o no, porque obviamente lo son; sino de su gestión y hacia dónde se destinan. Porque los tributos y su progresividad son esenciales en cualquier democracia que quiera gozar de una salud medianamente decente. El problema es cuando la Administración se excede y de forma incompetente, voraz incluso, trata de esquilmar a los contribuyentes utilizando su potestad sancionadora, hasta con aquellos que cumplen su obligación fiscal.
Es el caso del Ayuntamiento de Getafe, gobernado por PSOE y Podemos, que componen el Ejecutivo más caro de la historia de la ciudad, en cuanto a concejales y asesores se refiere. Los Tribunales han tenido que salir al rescate de los contribuyentes getafenses, o al menos quien ha reclamado, para recordarle al Consistorio, que el cálculo del impuesto de Plusvalías fue tumbado por el Tribunal Constitucional, máximo garante del cumplimiento de nuestra Carta Magna, esa que tanta sangre, sudor y lágrimas costó sacar adelante a nuestros antepasados.
Esa voracidad por sancionar y recaudar tiene un coste. Pero en el caso de Getafe no lo pagan los burócratas y políticos de su Ayuntamiento, sino todos los vecinos, en forma de costas procesales e intereses generados por sanciones mal puestas
De sobra es sabido que para socialistas y comunistas, la Constitución es mero papel mojado. Por fortuna queda un Poder Judicial para hacer de contrapeso a estos disparatados políticos y burócratas. Y realmente da vergüenza ajena, sonrojo como mínimo, que una jueza tenga que venir a recordarle al Ayuntamiento, “que no corresponde al supuesto infractor probar su inocencia, sino a la Administración demostrar su culpabilidad”.
Peor aún, el propio Consistorio inicia expedientes sancionadores a aquellos contribuyentes que cumplen su obligación conforme a Ley. El resultado, claro, es frenar el ansia recaudador del Ayuntamiento y exonerar al inocente.
Esa voracidad por sancionar y cobrar dinero de hasta debajo de las piedras tiene un coste, claro; como todo en esta vida. Pero en el caso de Getafe, las costas de los procesos judiciales e intereses generados por el mal trabajo del Ayuntamiento no lo pagan sus políticos y burócratas, sino todos los vecinos. ¡Qué fácil es disparar con pólvora del Rey, que diría aquel!
Así, de un tiempo a esta parte, Getafe se ha convertido en una trituradora de dinero público e inocentes. Por fortuna, aún quedan tribunales que paren los pies a esta insensible Administración local.
