La Escuela de Danza Víctor Ullate pone fin a su actividad en Alcorcón. La decisión, según exponen en un comunicado, se ha tomado a raíz de las manifestaciones de que se estaban lucrando de forma indebida.
Y es que el pasado mes de noviembre, el la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, señaló que la actividad de la Escuela carecía de soporte jurídico. Según la regidora, desde 2013 no existía ningún pago por los servicios que se estaban realizando, ni contrato, ni concesión, ni adjudicación. Algo de lo que culpó al anterior Ejecutivo del PP.
De esta manera se procedió a otorgar una autorización temporal especial hasta el 30 de junio para que que la Escuela de Danza Víctor Ullate continuara realizando su labor en los centros culturales Viñagrande y Los Pinos.
Sin embargo, en el comunicado que la Escuela ha hecho llegar a los padres, la Dirección dice que siempre ha cumplido con las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento de Alcorcón, aportando la documentación solicitada. «Hemos hecho todo lo que se había acordado en el único convenio que se ha firmado», explican en el escrito.
Aún así y «ante esta situación» la Escuela de Danza Víctor Ullate «se ha visto obligada a no continuar con su actividad en Alcorcón» pues no quiere «estar en situación irregular». Menos cuando se les está acusando de lucrarse indebidamente. Una medida que se hará efectiva este 20 de diciembre.
Y en este sentido, reiteran que su único objetivo «siempre ha sido ofrecer un valor añadido a la oferta cultural del municipio y un formación de calidad para los alumnos». De esta manera la Escuela sentencia que que ahora es «el Ayuntamiento el que debe aportar una solución de continuidad».
«DECISIÓN PRECIPITADA»
Desde el Ayuntamiento de Alcorcón califican esta decisión de «precipitada» y «unilateral», que se ha tomado después de que se trasladara a la Dirección de la Escuela su situación. Y así, fuentes municipales insisten en que «no es posible una solución legal que permita dar continuidad a este curso».
«El compromiso municipal de disponer de una Escuela de Danza clásica en Alcorcón se mantiene», explican, y reiteran desde el Ejecutivo de Natalia de Andrés que «se está trabajando, desde este mismo momento en las diferentes posibilidades para ofrecer, lo antes posible, un servicio de estas características que garantice el desarrollo de la actividad en base al estricto respeto a la ley».
Por eso desde el Consistorio piden a la Escuela «que reconsidere su decisión unilateral de abandonar el municipio y se acojan a la prórroga» aprobada en el Pleno.
EL PP HABLA DE UNA «CAZA DE BRUJAS» DEL «GOBIERNO RADICAL»
Desde el PP de Alcorcón han apuntado directamente a la concejala de Hacienda, Candelaria Testa, como responsable de la marcha de la Escuela. Así recuerdan que la edil «aseguró que estaban haciendo negocio en perjuicio de las arcas públicas y en detrimento del resto de escuelas».
En este sentido, los populares creen que «el Gobierno radical había emprendido nada más llegar una caza de brujas contra los anteriores gestores de la Concejalía de Cultura, acusándoles de irregularidades que no han podido acreditar. En esta campaña de descrédito participaron de manera destacada, junto a la concejala Testa, la concejala de Cultura, Sonia López, y la propia alcaldesa».
Para Ana Gómez, portavoz del PP, «las tres actuaron sin pruebas de manera absolutamente irresponsable, anteponiendo sus espurios intereses políticos por encima de los intereses de los alumnos de las escuelas y de sus familias”.
UNA DÉCADA EN ALCORCÓN
La Escuela de Danza se creó en 2008, cuando en el Ayuntamiento gobernaba el PSOE. Desde el PP recuerdan que «en esa época los socialistas pensaban que esta actividad era buena para los vecinos de nuestra ciudad y aquellos gestores municipales decidieron conceder ayudas de 150.000 euros a la compañía de Víctor Ullate, asegurando que su prestigio era su mejor aval para garantizar la calidad de la Escuela».
Sin embargo, «once años después, los mismos que antes alababan la Escuela no han dudado en denigrarla en una campaña de desprestigio político cuyas víctimas han sido los vecinos», sentencian.
Extremo que han negado desde el Gobierno de De Andrés, que hacen hincapié, finalmente, en que «la mentada academia privada llevaba operando desde 2013 sin ningún tipo de contrato o autorización del Ayuntamiento».
