Un proceso “largo” y “complicado”. Así ha definido el alcalde de Pinto, Rafael Sánchez, el camino iniciado tras firmar el decreto de resolución del contrato de limpieza con la UTE Valoriza Gestyona, a raíz de las múltiples sanciones impuestas. La última, según el Ayuntamiento, por “falsear documentación” referente a la recogida de enseres a domicilio y limpieza de pintadas.

Ahora la UTE tiene un plazo estipulado para presentar las alegaciones que estime oportunas y será un órgano consultivo de la Comunidad de Madrid quien decida si se puede resolver el contrato. Algo que podría suceder a finales de año o principios del 2019, según el Gobierno municipal, que hace hincapié en que dependerá de la resolución del órgano consultivo.

Posteriormente la documentación completa se llevará al Pleno para que sea aprobada o rechazada por la Corporación. Y así el alcalde ha recordado que el PSOE siempre ha abogado por la remunicipalización del servicio, con lo que ha lanzado la pelota al tejado de los socialistas pinteños de los que espera un apoyo a su propuesta.

ENCOMIENDA A ASERPINTO

Paralelamente a este proceso de resolución del contrato con la UTE se inicia otro de encomienda de gestión a Aserpinto, que si finalmente se hace con el servicio de la recogida de basuras y limpieza de Pinto, tendrá que absorber a los trabajadores de la UTE.

Según la concejala de Hacienda y consejera delegada de Aserpinto, Consoli Astasio, el Ejecutivo local está recabando toda la información que justifica la resolución del contrato y posterior encomienda a la empresa municipal. Informes que se presentarán al órgano consultivo de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, Astasio ha insistido en que “es un servicio que viene asociado con un dinero que el Ayuntamiento pone encima de la mesa”, cuantificándolo en “alrededor de 5,4 millones que pasarían a Aserpinto para cubrir el servicio“. Para la concejal de Hacienda “solo con el IVA que se dejaría de pagar ya tendríamos un colchón”, por lo que entiende que “es perfectamente posible” realizar la remunicipalización.

OCHO SANCIONES MUY GRAVES

El alcalde de Pinto ha asegurado que el inicio de este proceso de resolución “es consecuencia de las sanciones muy graves -8 en total-” que se ha impuesto a la UTE en esta legislatura, pues el servicio de limpieza se encargó a Valoriza-Gestyona en el 2014, cuando gobernaba Miriam Rabaneda.

“Tenemos los argumentos suficientes para rescindir el contrato con una empresa que entendemos no está cumpliendo con sus objetivos”, ha dicho Sanchez, que a una pregunta de Al Cabo de la Calle ha reconocido que se barajó “la posibilidad de denunciar a la UTE por falsedad documental”. Eso sí, el regidor pinteño ha insistido en que “se ha puesto más el foco en revertir la privatización que se hizo en su momento, más que meterse en procesos penales”.

INFORMACIÓN FALSA

Ahondando en el asunto, el concejal de Ecología y Modelo de Ciudad, Raúl Sánchez, ha señalado que “la información que falsearon es relativa a la recogida de enseres a domicilio y limpieza de pintadas”. Así el edil ha explicado que “por pliego, la UTE está obligada a prestar esos servicios en menos de 72 horas, si lo hacen en más incurren en incumplimiento y eso ocurrió en varios días al mes, como detectaba el indicador de calidad”. Sin embargo, “ellos estaban enviando una documentación falsa”, dice el concejal.

Por este motivo, “les comentamos incluso que sospechábamos que habían podido incurrir en un delito y no mostraron ningún interés en negociar ni dar explicaciones sobre esta cuestión”, prosigue Raúl Sánchez, que ha hecho hincapié en que “las sanciones se imponen en base a la información que manda la empresa”.

Por todo ello, el alcalde ha reprochado a la UTE su actitud en todo este proceso. “Parece que ha tenido más conversaciones con la oposición que con el propio Gobierno de Pinto”, ha finalizado Rafael Sánchez.