El PP de Madrid se lanza contra la semaforización de la A-5. En una concentración que ha tenido lugar este jueves en el punto kilométtrico 5.5 de la Autovía de Extremadura, los populares han anunciado que estudiarán elevar a los tribunales la instalación de los semáforos en la A-5, dirección Madrid

Con un cartel con el lema ‘Un millón de vecinos del sur bloqueados no a los semáforos de la A5’, la vicesecretaria de Comunicación del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el vicesecretario Territorial, Antonio González Terol; el portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida y el alcalde de Alcorcón, David Pérez, junto a otros portavoces ‘populares’ de Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Arroyomolinos han denunciado que esta medida supone una «frontera» para el millón de ciudadanos que se verán afectados

Almeida ha recalcado que, frente al plan del Ayuntamiento de Madrid, el PP propone el soterramiento de la salida de esta autovía en la capital, y que la intención de los ‘populares’ es acercarse a un modelo similar a Madrid Río, un proyecto que en su día barajó Alberto Ruiz Gallardón, que ven factible y que creen que beneficiará a todos los ciudadanos. En la misma línea, ha aseverado que los semáforos «convierten a la capital en una ciudad aislada, al margen de la corona metropolitana», y que la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, está «jugando con la salud» de los madrileños.

Por su parte, Díaz Ayuso ha querido dejar clara la postura frente a las medidas del Consistorio madrileño, incidiendo en que «atacan la libertad de todos los ciudadanos, al igual que lo hace Madrid Central«, para, según dice, contentar a «un electorado minoritario que es el suyo».

La portavoz del PP ha insistido en que desde que Ahora Madrid está en el Ejecutivo, es «un suplicio» desplazarse a la capital, «mientras los dirigentes de Manuela Carmena van en sus coches privados», insistiendo en que el PP revertirá la medida cuando lleguen al Gobierno.

Finalmente, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha afirmado que va a ampliar la denuncia del Protocolo Anticontaminación de la capital, «puesto que esta medida va a aumentar el tráfico un 350%», algo que siempre ha considerado como una «barbaridad».