La deuda de EMGIASA se lleva por delante a 93 familias de Alcorcón. Un auto del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid obliga a estos vecinos a revocar el contrato que tenían con la empresa municipal por el cual dejaban sus viviendas del centro de la ciudad para destinarlas a alquiler de jóvenes, por otras más accesibles ubicadas en el Ensanche Sur. Un contrato que entraba dentro del conocido como Plan Permuta.

Este Plan se puso en marcha en 2011, cuando gobernaba el PSOE en Alcorcón y Natalia de Andrés, actual candidata de los socialistas a las municipales del 26 de mayo, dirigía EMGIASA. Estas viviendas eran titularidad de la empresa municipal de la vivienda y habían sido cedidas de manera vitalicia a estas personas a cambio de disponer las viviendas del casco antiguo para un programa de alquiler social para jóvenes.

EMGIASA entró en concurso de acreedores por la deuda generada durante el Gobierno del PSOE. Y esa deuda, por una decisión judicial, se pagará con viviendas del Plan Permuta

Sin embargo la situación económica en EMGIASA se truncó. La empresa municipal, durante el Gobierno del PSOE, asumió gastos como la construcción del CREAA (más de 140 millones de euros) o aparcamientos que nunca pudo vender y que hicieron ascender su deuda a 333 millones de euros, como dice el PP, que acabó heredando esa deuda generada por la gestión del PSOE -la Fiscalía llega a pedir hasta cinco años de inhabilitación mercantil a la candidata del PSOE, Natalia de Andrés-.

Así EMGIASA, prácticamente quebrada, entró en concurso de acreedores. Actualmente está en fase de liquidación y las viviendas del Plan Permuta entran dentro del activo para afrontar esa deuda.

Así lo recuerda el propio auto al que ha tenido acceso Al Cabo de la Calle. “Al tiempo de aprobarse el plan de liquidación existían 114 viviendas de EMGIASA dentro de dicho, de las cuales estaban cedidas o “permutadas” en su uso un total de 93, siendo que de las recibidas por EMGIASA en derecho de uso estaban arrendadas a jóvenes un total de 34”.

El precio de estas viviendas, según el juez, “oscila entre los 64.000 y los 89.000 euros, presentando un valor de mercado que oscila entre los 91.000 y los 134.00 euros”. Por las “34 viviendas que le fueron cedidas y están arrendadas a terceros, EMGIASA, recibe unos ingresos por renta que oscila entre los 400 y 450 euros”, lo que suponen unos “ingresos ínfimos en relación con las obligaciones de pago” que tiene la empresa municipal con sus deudores.

Ganar Alcorcón y PSOE proponen que el Ayuntamiento asuma las viviendas del Plan Permuta

Así pues el juzgado da un plazo de dos meses a los afectados para comprar la vivienda pública que habitan, “siempre por debajo del precio del mercado”, o bien por recuperar su piso en propiedad, “que le sería devuelto en el estado original y libre de cargas”. Ambas con compensación económica por perder el carácter vitalicio del acuerdo, según defienden fuentes del Ayuntamiento de Alcorcón, que aseguran que ninguna familia se quedará en la calle.

Las mismas fuentes sostienen que han hablado con 60 de los 83 afectados por la sentencia, a los que se les han ofrecido los servicios jurídicos del Consistorio y que se ha pedido al juez una aclaración al auto con el fin de “proteger la situación de estas personas”. Familias con las que “se tomarán acuerdos ad hoc, personalizados”.

ASUMIR LAS VIVIENDAS

Ganar Alcorcón organizó un acto con los afectados donde ofreció sus servicios “para frenar esta injusticia”. Además, Ganar Alcorcón, conjuntamente con el PSOE, proponían que sea el Ayuntamiento de Alcorcón quien asuma las viviendas del Plan Permuta.

Dirigentes de Podemos en Alcorcón y Madrid se reunían este lunes con los afectados por este auto judicial

“El Gobierno municipal del PP tuvo la oportunidad de resolver este problema pero decidió rechazar la absorción de estas viviendas en sus condiciones de protección pública y abandonar a estas familias con personas de más de 80 años”, señalaba Jesús Santos.

Susana Mozo, concejal del PP, respondía que esta propuesta “no es viable económica y legalmente”, y lamentaba que “la izquierda instrumentalice a los más vulnerables”. El PP, al que Natalia de Andrés acusaba de “negligencia” en todo este proceso, recordaba nuevamente que “el PSOE llevó a la empresa a la quiebra con una deuda de 333 millones de euros, provocando al Ayuntamiento un grave perjuicio económico”.

Por su parte, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha manifestado que “no es de recibo que quién ha provocado esta situación (en referencia al PSOE), ahora utilice a estas personas mayores para tapar su inutilidad”.

DEFENSOR DEL PUEBLO

Por otro lado, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha abierto una actuación de oficio para que el Ayuntamiento de Alcorcón informe sobre “las circunstancias que han llevado a que 83 familias” adheridas al Plan Permuta a “perder sus viviendas”.

La institución quiere conocer “los puntos más relevantes” del Plan Permuta y ha pedido una copia del modelo de contrato empleado en la firma recordando, además, que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales obliga a controlar el funcionamiento financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.

También, ha solicitado al Consistorio que envíe los informes en los que se recojan las verificaciones realizadas sobre el cumplimiento de la normativa y los principios de buena gestión financiera, así como las conclusiones y recomendaciones realizadas para paliar las deficiencias detectadas.

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