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El ‘caso Ganga’, en el que la Policía Nacional investiga sobre un posible caso de malversación en el Gobierno municipal de Sara Hernández, continúa marcando la actualidad política y judicial de Getafe. Esta vez, a cuenta de la indemnización recibida por el letrado Alberto Ganga y cómo acordó con el Ejecutivo su indemnización por despido improcedente.

Así, el 14 de octubre de 2014 la empresa pública Getafe Iniciativas (GISA), entonces gestionada por el Partido Popular, entregó al abogado Alberto Ganga un documento sellado de liquidación y finiquito en el que se estipula que tenía derecho a recibir 714,66 euros líquidos -libres de impuestos- por haber trabajado en la sociedad municipal durante 29 días y en un período de pruebas que finalmente no superó.

Ganga, disconforme con la causa del despido alegada por GISA -no haber pasado el periodo de prueba- porque ya había tenido anteriormente a la firma del contrato relaciones laborales con la empresa municipal tal y como ha declarado a Al Cabo de la Calle, inició en ese momento una batalla legal para que se decretará la nulidad del despido. Causa que finaliza el 16 de septiembre de 2015, tres meses después de que la socialista Sara Hernández tomase posesión como alcaldesa de Getafe.

Ese día, y de forma sorprendente, la empresa municipal se pliega a las exigencias del abogado sin llegar a litigar, en un acto de conciliación ante el notario que, curiosamente, comparte los apellidos de Mónica Cerdá, exconcejala del PSOE y consejera delegada de GISA entonces. Y así, la empresa municipal reconoce la improcedencia del despido y le ofrece una indemnización descomunal: 47.000 euros netos por trabajar durante menos de un mes, según consta en la documentación que obra en poder de Al Cabo de la Calle y de la que dio cuenta el Juzgado de lo Social número 12 de Madrid.

Es decir, que GISA calculó una liquidación por no pasar el periodo de prueba de 714,66 euros -que no firmó el letrado al no estar de acuerdo con la causa de la extinción del contrato laboral- y un año después y durante el Gobierno del PSOE, la empresa municipal reconoció como improcedente el despido y se avino a las reclamaciones del letrado que, finalmente, fue indemnizado por despido improcedente con 47.000 euros.

QUERELLA DEL PP

El PP de Getafe, al conocer ese pago y cambio de criterio de GISA durante el inicio de mandado del PSOE, interpuso una querella contra la alcaldesa Sara Hernández, como presidenta del consejo de administración de GISA; contra la concejal Mónica Cerdá, entonces consejera delegada de la empresa pública; contra Juan Manuel Hernández, gerente de la sociedad municipal y muy próximo, según los populares, a la Alcaldía; así como contra Alberto Ganga, que ya entonces era figura pública después de denunciar presuntas irregularidades en la financiación de Ciudadanos.

GISA reconoció en un acto de conciliación la improcedencia del despido de Alberto Ganga y pactó antes de llegar a juicio la indemnización de 47.000 euros

Como consecuencia de esa querella, la Policía citó como ‘investigados no detenidos’ a la edil Cerdá, al gerente de GISA y al abogado Ganga por un posible delito de malversación. De acuerdo al atestado policial, la declaración de la concejal fue especialmente relevante porque eludió cualquier responsabilidad y dijo textualmente: “Fue la Alcaldía quien dio las indicaciones pertinentes a la Gerencia (de GISA)”, con lo que implicó directamente a Sara Hernández en el ‘caso Ganga’.

CASO SIMILAR

De forma paralela a la contratación de Ganga, en septiembre de 2014, GISA incorpora un segundo abogado: José María Barahona Moreno. Su paso por la empresa municipal también fue fugaz porque duró únicamente 27 días. La Gerencia de la sociedad pública también le entregó el 14 de octubre, al igual que a Ganga, una carta en la que se le comunica que su contrato de trabajo queda resuelto por no haber superado el período de pruebas. Barahona recibe igualmente un documento de liquidación de GISA con su correspondiente finiquito: 427,68 euros libres de impuestos, según ha conocido este periódico. En este caso, el abogado acepta la propuesta de la empresa y dar por concluido su paso por la administración pública.

Alberto Ganga dice que es “una guerra política” y que tratan de “desprestigiar” su labor de letrado

Por eso para el PP de Getafe la diferencia entre los dos abogados es que el abono de esa indemnización a Ganga es una especie de “trato de favor a ese letrado”, que además ejerce la representación de la acusación popular en el asunto del Teatro Madrid, que se sigue contra concejales del PP por la tramitación administrativa de diversos contratos.

Ganga, en cambio, cree que se trata de una “guerra política” y que intentan “desprestigiar” su labor “como letrado”. E insiste en que nunca estuvo de acuerdo “con la causa de su despido” y por eso recurrió, por lo que se muestra “totalmente tranquilo”.