La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre los jueces españoles, han hecho público su «más firme rechazo» a la Ley de amnistía que quiere aprobar el PSOE de Pedro Sánchez para continuar en el poder. En un comunicado hecho público, la APM advierte que, de aprobarse, sería «el principio del fin de la democracia española».
«Se pretende dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho», denuncian. La Asociación considera «inaceptable e inasumible para una democracia plena» que se impulse una norma legal que «exonere a unos pocos de las responsabilidades penales, ya declaradas por los Tribunales, o por enjuiciar, sin modificaciones legales previas o sin entrar formalmente en un nuevo proceso constituyente».
VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD
En su comunicado consideran que esta norma, de salir adelante, «pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo», algo que «deslegitima el Estado de Derecho» y al propio «Poder Legislativo».
Asimismo, insisten en que la Ley que quiere aprobar el PSOE para investir a Sánchez «vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes, al eximir de responsabilidad penal a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones».
ANULAR AL PODER JUDICIAL
También avisan del «grave riesgo de que el mismo trato puedan exigir quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad». En definitiva, una norma, que «tiene el claro objetivo de anular al Poder Judicial», el «último dique de contención frente a los abusos de poder».
OLVIDO DE DELITOS DE TERRORISMO, MALVERSACIÓN Y SEDICIÓN
La futura Ley de amnistía ultimada por el PSOE, con ERC, librará del juicio oral a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista que, según el juez, planearon ocupar el Parlament de Cataluña y cortaron carreteras y vías de tren.
También beneficiaría al propio expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fugado tras la Declaración Unilateral de Independencia. Un Puigdemont al que el PSOE, ahora que le necesita, se refiere como «presidente», incluso reuniéndose con él.
Asimismo, la norma beneficiaría a los políticos catalanes condenados por sedición y malversación de caudales públicos.
