Pinto advierte del cierre del centro de acogida de menores migrantes si no cumple la normativa municipal
La polémica sigue rodeando al centro de menores migrantes no acompañados ubicado en un inmueble de Pinto, concretamente en el barrio de El Prado . El Ayuntamiento ha requerido formalmente la documentación que acredite el uso de una vivienda utilizada para este fin por una entidad privada, que cuenta con subvención del Gobierno de España, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de la guarda de estas personas.
El Consistorio pinteño, y en concreto sus Servicios Sociales y asistenciales, no tenían conocimiento alguno de la implantación en una vivienda de este centro de acogida y según apuntan fuentes municipales, desde el momento en el que los vecinos comunicaron al Ayuntamiento esta situación a principios del mes de abril, los técnicos municipales iniciaron el análisis para comprobar si esta actividad es compatible con la normativa municipal vigente.
Las mismas fuentes apuntan que el PGOU de Pinto establece que el uso principal que corresponde en este inmueble es el de residencial unifamiliar, siendo compatible con el residencial especial en su categoría 1ª: pequeñas residencias, cuando el número de habitaciones para residentes sea inferior o igual a 10 unidades ; y subtipos 2 y 3 en lo referido a centros de acogida o residenciales de atención social . Para estos tres casos, la normativa municipal exige una autorización expresa previa.
Además, se remarca que no consta que se haya solicitado licencia, ni autorización para ejercer la actividad asistencial de bienestar social que ya se está ejerciendo, y que conllevaría la adopción de medidas adicionales para su ejercicio.
PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN
«Por ello hemos solicitado que en el plazo de quince días nos remitan todos los documentos al respecto. En caso de no cumplir iniciaremos el expediente para el cese de actividad”, ha señalado el Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Fran Pérez.
El edil ha lamentado, una vez más, “que el Gobierno de España trate a estos menores como mercancía, repartiéndolos sin criterio , sin informar previamente a las administraciones que conocemos la realidad y el día a día de nuestras ciudades. Un nuevo ataque a la autonomía local de los ayuntamientos, reconocida en la Constitución, que el Gobierno de España se salta a la torera”.
En ese sentido, Pérez ha reiterado que “ nosotros no vamos a actuar de la forma negligente con la que actúa el Gobierno central. Nosotros vamos a cumplir en todo momento con la Ley, con la Ordenanza Municipal y con la voluntad de nuestros vecinos ”.