El Ayuntamiento de Pinto ordena el cierre de un centro de menores no acompañados por incumplir la normativa municipal
El Ayuntamiento de Pinto, que lidera Salomón Aguado (PP), ha ordenado la suspensión inmediata de la actividad de un centro de menores extranjeros no acompañados tras requerir su documentación y comprobar que incumplía la normativa municipal.
Según han confirmado fuentes municipales, el pasado mes de marzo abrió este centro en una vivienda unifamiliar del municipio, «sin recibir previo aviso y financiado por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones».
El Gobierno municipal recibió la alerta de los vecinos y requirió la documentación para «acreditar que estaban realizando esa actividad económica, cumpliendo con la normativa municipal», ha detallado el primer edil en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.
Conforme al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Pinto, el uso principal que corresponde en este inmueble es el de residencial unifamiliar, si bien se admite su compatibilidad con el uso residencias en su categoría 1ª, destinada a pequeñas residencias cuando el número de habitaciones para residentes sea inferior o igual a 10 unidades.
También contempla los subtipos 2 y 3 en lo referido a centros de acogida o residenciales de atención social. Para estos tres casos, se exige una autorización expresa previa. Sin embargo, la entidad encargada de este centro ha aportado una documentación que no cumple con la normativa municipal, por lo que ha sido desestimadas sus pretensiones y ordenada la suspensión inmediata de la actividad.
«Nosotros lo tenemos claro: no se trata de una cuestión de racismo o de menores, se trata de cumplir la legislación vigente. Lo que le exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez, y concretamente al Ministerio de Migraciones y Servicios Sociales, es que cumpla la normativa y que gestione de forma adecuada la situación de estos menores extranjeros no acompañados», ha defendido Aguado.
«USA A LOS MENORES COMO MERCANCÍA»
En esta línea, el primer edil ha señalado que el Ejecutivo central esté «privatizando» la gestión de los menores extranjeros a «un tercero» mediante el abono de una cantidad económica para que «se encargue de esta actividad».
«Esta entidad, por lo que nos consta, ya venía de otro municipio de la Comunidad de Madrid por las mismas razones: por no cumplir la normativa. La posibilidad de subsanarlo era presentando alegaciones al requerimiento. No lo han hecho y, por lo tanto, desde el momento en el que se les notificó el decreto, tienen que cesar de forma inmediata la actividad», ha explicado.
Asimismo, Aguado ha recalcado que la legislación establece que tienen un plazo de dos meses para regularizar la actividad. En caso contrario, el Ayuntamiento de Pinto ejercerá la correspondiente actividad para «el cierre definitivo«.
Desde el Partido Popular de Pinto han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «usar a los menores como mercancía» y de querer hacer a los ayuntamientos «participes de su nefasta política migratoria, sin informar y saltándose la Ley».