Sin sorpresas, Pedro Sánchez ha sido investido presidente del Gobierno con el apoyo de 179 diputados, el 51% de la Cámara. Todo ello tras pactar una amnistía a los golpistas y malversadores de dinero público en los sucesos del 1 de octubre de 2017, que hace tan solo tres meses catalogaba de ilegal e inconstictucional.
Durante el Debate de Investidura, que ha durado dos días, uno por uno, los socios de Sánchez (ERC, PNV, Bildu o Junts) han ido advirtiendo al socialista de cumplir los pactos firmados. No solo la amnistía, cuya ley se tramitará próximamente, sino la cesión de Rodalies a Cataluña, la gestión de los tributos o la Seguridad Social a País Vasco, incluso abrir la puerta a comisiones en el Parlamento que revisen sentencias judiciales, lo que ha puesto en pie a todo el Poder Judicial.
De hecho, el diputado de ERC, Gabriel Rufían, llegó a advertir a Sánchez que «no se la juegue». Éste ya tiene lo que quiere, gobernar a toda costa en una legislatura donde necesitará de muchos cambios de opinión, para contentar a unos y otros.
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, será la encargada de comunicar al Rey Felipe VI el resultado de la votación para que se organice el acto de promesa del cargo en Zarzuela.