La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, ha convocado para el miércoles y jueves, 15 y 16 de noviembre, la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras haberle dado casi dos meses de margen para negociar. Tiempo del que no dispuso Alberto Núñez Feijóo.
Sánchez acude a la investidura en plena oleada de protestas por sus acuerdos alcanzados con Bildu, ERC, Junts o PNV. De las cesiones del PSOE a Bildu no se sabe nada hasta la fecha. Sí se conoce, en cambio, la amnistía pactada con Junts y ERC, que supone olvidar los delitos de corrupción, sedición y terrorismo. En el pacto con Junts, los socialistas firman y reconocen el término ‘lawfare’ o guerra judicial, admitiendo que hubo persecuciones políticas desde el Poder Judicial, abriendo la posibilidad a que el Congreso de los Diputados revise sentencias judiciales.
Esto último, algo inédito en democracia y que atenta contra la separación de poderes, ha provocado una oleada de protestas en la función pública. Jueces, fiscales, abogados, técnicos de Hacienda y de Trabajo o el cuerpo diplomático han rechazado dicho acuerdo, que supone «la abolición» del Estado de Derecho. Colectivos profesionales que se suman al clamor de una calle, que lleva diez días manifestándose contra los pactos de la vergüenza y que rompen, de facto, el modelo de 1978.
De hecho este pasado domingo se vivieron manifestaciones multitudinarias por toda España. Desde Sevilla, Málaga, Granada, Valencia, La Coruña, Navarra, Bilbao, Barcelona, Toledo o Madrid, miles de españoles protestaron contra estos pactos, siendo la de Madrid la más multitudinaria.
Igualmente, el PSOE está dispuesto a negociar la cesión a Cataluña del 100% de la gestión de los tributos, mientras que con ERC ha acordado la cesión de competencias en Rodalies, lo que ha provocado la huelga en el sector ferroviario.
También con el PNV ha pactado que la comunidad autónoma vasca llegue a gestionar el 100% de la seguridad social, lo que supondría una ruptura del principio de solidaridad interterritorial y de igualdad entre ciudadanos españoles.
No obstante, la futura Ley de Amnistía no se debatirá hasta que Sánchez sea presidente, algo que podría ocurrir finalmente el viernes, 16 de noviembre, tras la votación del jueves, salvo sorpresas.
