Ecologistas en Acción de Pinto ha denunciado que el vertedero ilegal del Polígono El Cascajal sigue creciendo de forma descontrolada «ante la incompetencia del Gobierno municipal».

Fue en noviembre de 2020, cuando la organización ecologista alertó del vertido de residuos en una nave abandonado de 6.500 metros cuadrados. Tras presentar una denuncia ante el SEPRONA pusieron en conocimiento del Ayuntamiento de Pinto estos hechos, pidiendo además que cerrará los accesos a la instalación.

«Hace unos días, tres meses después, hemos podido comprobar para nuestra sorpresa, como la nave sigue exactamente igual de accesible, las puertas perfectamente despejadas permitiendo que todo tipo de camiones sigan vertiendo ilegalmente, como así han hecho durante meses. De hecho, en el poco tiempo que permanecimos allí, fuimos testigos de cómo uno de esos camiones se introducía y vertía residuos», exponen desde Ecologistas en Acción.

Una situación que para los ecologistas «pone de manifiesto la incompetencia del Gobierno municipal». Y es que a su juicio, «en todo este tiempo no solo no ha sido capaz de obligar al propietario a cerrar el acceso ni a limpiar los vertidos, sino que tampoco ha tenido la iniciativa de hacerlo el Ayuntamiento mismo de manera subsidiaria».

Para Ecologistas en Acción de Pinto, el Consistorio «no puede quedarse de brazos cruzados confiando en la buena fe de un propietario que hasta ahora no ha hecho si no demostrar su desidia e irresponsabilidad permitiendo durante meses esta situación. El Ayuntamiento debe actuar. Tiene la competencia y los medios».

Creen que colocar unas barreras, por ejemplo, «habría evitado el aumento exponencial de las toneladas de residuos allí acumuladas, hasta el punto de que la nave industrial se encuentra ahora completamente llena». Por ello auguran que «el coste de la retirada y tratamiento de las toneladas de residuos ascenderá con toda probabilidad a millones de euros».

Además, el grupo ecologista pinteño recuerda que «las promesas vacías de este Gobierno municipal de aumento de multas, incremento de la vigilancia e incluso utilización de técnicas novedosas como drones, quedan en papel mojado a la vista de los hechos».

EL AYUNTAMIENTO DEFIENDE SU GESTIÓN

Fuentes municipales consultadas por Al Cabo de la Calle defienden la gestión hecha desde que se tuvo constancia de los vertidos. Recuerdan que «antes de la comunicación de Ecologistas, ya se había detectado por Policía Local el vertido y balizado temporalmente».

Insisten en que se trata de una propiedad privada, que se corresponde a una nave en ruina. «En esta situación, el Ayuntamiento adopta las medidas competentes y que sirven para disuadir de delitos similares en otras áreas». Medidas que pasan por el requerimiento a los propietarios para que solucionen el problema y una sanción.

En este caso, las mismas fuentes señalan que «se dio inicio al procedimiento de disciplina urbanística emitiéndose un requerimiento al titular del inmueble para la retirada de escombros, así como el cierre del lugar de forma que impidiera que la nave se utilizará como vertedero». Aún así, reconocen que «los plazos para la resolución no son inmediatos», y más cuando «el titular es una entidad bancaria».

Como no se ha recibido respuesta, «el expediente sancionador continúa su trámite», al tiempo que las mismas fuentes recalcan que «se ha vuelto a requerir a la entidad bancaria la limpieza y vallado de su propiedad».