Los vecinos del número 13 de la calle del Parque Éboli se movilizan para conseguir lo que por ley les pertenece: instalar un ascensor en el edificio. Y así, como ya han notificado por Registro en el Ayuntamiento de Pinto, este próximo 2 de marzo, lunes, acudirán al Consistorio para recoger dicha licencia, como se les prometió que se haría principios de enero de 2020.

Pero hay que remontarse hasta hace un año, enero de 2019, cuando estalló la polémica por la dejadez del anterior Ejecutivo de Ganemos Pinto. Se trata de una de las barriadas con más años del municipio, donde residen en su mayoría pinteños de avanzada edad y, en algunos casos, con problemas de movilidad, que no pueden subir y bajar escaleras y necesitan de forma urgente la instalación de un ascensor.

La Ley 8/2013, de 26 de junio, sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, les legitima a estos vecinos para construir dicho ascensor, ya que no se ven afectados los terrenos por el aumento de edificabilidad.

La Ley, además, prevé incluso la alteración de la trama urbana siempre que el impacto sea mínimo. Y es el caso de la calle del Parque Éboli número 13, pues el acceso libre se mantiene y solo se reducen 6,24 metros cuadrados de una superficie que supera los 6.000 metros cuadrados, como comprobamos en una visita ‘in situ’ al lugar.

Hace un año, el precio de la instalación rondaba los 6.000 euros y hoy los presupuestos que ofrecen las empresas son de entre 15.000 y 20.000 euros

Ya con el nuevo Ejecutivo del PSOE, el pasado mes de octubre mantuvieron una reunión con el alcalde y técnicos municipales. Se les comunicó a estos vecinos que era necesario modificar la ordenanza y el PGOU. Sin embargo tanto arquitectos especializados como juristas e incluso la propia ley no contemplan estos argumentos de la administración.

A pesar de ello, aseguran los vecinos, se les prometió que en enero de este año se les entregaría dicha licencia. “Pero largas y más largas”, manifiestan. Con la gravedad de que hace un año, el precio de la instalación rondaba los 6.000 euros y hoy los presupuestos que ofrecen las empresas son de entre 15.000 y 20.000 euros –sin coste para el erario público pues lo pagan los propietarios de los inmuebles de este edificio-.

Así pues, hartos de tanta pasividad administrativa, este 2 de marzo reivindicarán lo que por Ley les pertenece.