Con los votos a favor del Gobierno tripartito y el concejal no adscrito, y la abstención de Ciudadanos, PP y VOX, el Pleno de Pinto ha aprobado que Aserpinto pase a gestionar el servicio de Abono Deportivo, con lo que la ciudad contará con un gimnasio municipal, «accesible para todo el mundo», ha dicho el alcalde, Diego Ortiz.
Por el momento, eso sí, no se sabe cuándo entrará en vigor el servicio, que lleva años sin prestarse y falta maquinaria, como ha reconocido la propia concejala de Deportes, Lydia Rupérez.
Previamente al cambio de gestión, el Pleno también ha dado luz verde a un suplemento de crédito para pérdidas por parte de Aserpinto, por un importe de 31.064,94 euros. Dos puntos, no obstante, que han generado controversia entre el Ejecutivo municipal y la oposición.
«DUDAS» DE LA OPOSICIÓN
Por turno de intervención, el primero en mostrar sus «dudas» ha sido Miguel Maldonado, de VOX, en cuanto a los gastos que va a generar, insistiendo que «queremos lo mejor para los vecinos, que es un servicio de calidad, estable, duradero en el tiempo y de menor coste», manifestando que no es el modelo que desea la formación.
Para Ciudadanos, decir que tiene «coste cero es faltar a la verdad, ya a que al ser una empresa municipal, los ingresos derivan de las aportaciones del Ayuntamiento, como dice también Intervención. Son cerca de 200.000 euros».
«Prueba de ello», según su portavoz, Nadia Belaradj, «es que antes de aprobar el cambio de gestión hay que aprobar un gasto de 31.000 euros», por lo que ha insistido en que «queremos más información, para saber si es la opción más ventajosa», reiterando la pregunta sobre «cuánto nos va a costar a los pinteños».
El exalcalde Sánchez dice que intentó la municipalización, pero culpa a los habilitados nacionales de la pasada legislatura de no haberse hecho
Desde el PP, Salomón Aguado ha recordado que el hoy segundo teniente de alcalde, Rafael Sánchez, fue el responsable de «aniquilar, machacar y exterminar a los prestadores del gimnasio, por no sabemos qué intereses», generando una «desastrosa situación que nunca se debió producir». Así ha argumentado su abstención en que el modelo de gestión del PP es el que se venía prestando antes de la pasada legislatura.
Ante esto, Sánchez ha acusado al PP de «mentir», incidiendo en que «no fue una decisión política, fue técnica. El concesionario pudo intervenir pero no cumplía con los requisitos. Las personas que trabajaban pudieron seguir prestando el servicio».
Igualmente, Sánchez se ha defendido explicando que la municipalización «se intentó», pero que no se pudo, culpando de ello a los técnicos y secretarios municipales que había durante su mandato. «No tuvimos unos secretarios que estuvieran a la altura para marcarnos la hoja de ruta», ha dicho.
«BLINDAR» EL SERVICIO
Por su parte, el alcalde ha insistido en que «no supone que se vaya a ejecutar el crédito a pérdidas, ni se van a subir impuestos», Con cierto deje chulesco, Ortiz ha pedido a PP y Cs que «sean valientes y voten en contra», ya que «si tenían alguna duda, por qué no han presentado alegaciones, que ha habido dos periodos de alegaciones. No les interesaba mojarse en este asunto».
De esta manera, el regidor pinteño ha dicho que esta encomienda de gestión sirve para «blindar» el gimnasio municipal, para que quien quiera revertirlo en el futuro «dé la cara y diga por qué lo hace».
PRESIÓN VECINAL
El concejal no adscrito, Víctor Alonso, ha agradecido a la presión vecinal volver a tener un gimnasio municipal. De hecho ha recordado que fue en aquella «gran familia» donde empezó a hacer gimnasia, y ha pedido al Ayuntamiento hacer un agradecimiento público a los vecinos que recogieron firmas, desde que en 2017 se cambió el servicio, por la decisión del hoy segundo teniente de alcalde.
También Salomón Aguado ha dicho que «es una pena», que en la memoria presentada por la concejala de Deportes, no se haya hecho referencia a los gestores de Pintogym, aunque de viva voz Rupérez sí lo ha agradecido.
Aguado ha vuelto a señalar que Intervención Municipal, «no ratifica» la memoria de la empresa externa a la que ha recurrido el Gobierno tripartito, para justificar la municipalización.
