Allá por 2004, la excelsa ministra de Cultura del entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Carmen Calvo, dejaba para la posteridad una frase en una entrevista para ABC que todavía hoy, catorce años después -se dice pronto- colea. Dicha locución de la ministra rezaba así: “Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie”.
Catorce años han pasado ya de esta frase de la ministra socialista. Desde entonces un cambio de Gobierno, el advenimiento de nuevos partidos y, sobre todo, una brutal crisis económica que ha arrasado España de norte a sur y de este a oeste. Una crisis con muchas causas, es verdad. Y entre ellas, el despilfarro del dinero público. Aquel que no era de nadie. Dinero público muchas veces dilapidado en proyectos faraónicos, subvenciones a troche y moche o vaya usted a saber. Incluso desaparecía por arte de magia y quién lo iba a reclamar, si no era de nadie.
Pero resulta que la crisis económica más despiadada trajo consigo la conciencia de que la cosa pública sí tiene dueño y dueña. Es suyo, nuestro, de todos. Gestionado, bien es verdad, por el Gobierno de turno. Pero de todos, al fin y a la postre. Se acabó el tiempo del despilfarro. Gracias -entre comillas- a esa bofetada llamada crisis, el dinero público se mira con lupa. No escapa ni un céntimo al ojo crítico del ciudadano. Y cuando una subvención, concesión administrativa o sea la nomenclatura que sea, tiene como base el dinero público de un organismo, también público, como una Comunidad Autónoma o un Ayuntamiento, y dicha concesión o subvención chirría por su abultado montante, es normal que el vecino, ciudadano y paisano se pregunte, cuanto menos, por qué.
En Fuenlabrada tenemos el ejemplo -sorprendente- del gimnasio Forus, que desde el año 2013 y por concesión administrativa explota la instalación que construyó la propia empresa en suelo público. A Fuenlabrada le hacía falta, entonces y ahora, otra piscina para cubrir las necesidades de la ciudad y Forus salió al rescate de esta necesidad en forma de gimnasio. Claro que como contraprestación, el Ayuntamiento contraía ciertas obligaciones como una tarifa de equilibrio de cubrir, al menos, 5.000 socios al mes. Si no se cubre, el Ayuntamiento paga. Y en cuatro años este gasto se ha triplicado, pasando de 400.000 euros de las arcas públicas en 2014 a 1,2 millones de euros presupuestados en 2018 para cubrir las necesidades de 2017. Así pues, un agujero inexplicable en una ciudad como Fuenlabrada, de las más saneadas de toda España y que tiene una alcalde, Manuel Robles, al que no se le escapa ni un céntimo.
A pesar de ello, el Ayuntamiento insiste en que va a renegociar estas condiciones pactadas. Pero son ya cuatro años y el dinero público se escapa, lo que ha dado a la oposición a especular y cumplir debidamente con esa labor. Empezando por el PP y al que ha seguido, más despacio, Ciudadanos. Habrá que esperar a ver si este es el año que, definitivamente, el agujero en las arcas fuenlabreñas se tapa definitivamente.
