«El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra ni en la legislación ni en la Constitución española». Así se pronunciaba, hace escasos meses (unos tres, para ser más exactos) en La Sexta, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones de España, sobre la posibilidad de amnistiar a los golpistas catalanes para seguir en el poder.
Pero el sábado, 27 de octubre, todo cambió con el enésimo ‘cambio de opinión’ de un Sánchez que, ante el Comité Federal del PSOE, defendió públicamente la aprobación de una Ley de Amnistía, como «única vía» para que haya un Gobierno del PSOE. Algo que, acto seguido, de forma torticera y muy peligrosa, dijo hacer «en el nombre de España, en el interés de España».
Ya hemos defendido en estas líneas que aprobar una amnistía a sediciosos, malversadores de dinero público y terroristas supone, de facto, un cambio de Régimen. Es romper la igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos. En definitiva, como se ha pronunciado recientemente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es «la abolición» del Estado de Derecho.
De hecho el CGPJ va más allá, al considerar que «confundir el ‘interés de España’ con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política». Fundamentalmente, un atentado a la democracia y la separación de poderes.
En definitiva, esa Ley de amnistía es reconocer que en España hubo presos políticos; que jueces, fiscales o policías actuaron como auténticos opresores y que saltarse la Ley en interés propio no tienen ningún castigo. Básicamente es quitarle el valor a la Ley y más allá de la Ley, de la Constitución, del Estado de Derecho hay un extenso y yermo paraje de barbarie, terror y sinrazón.
Al PSOE: ¿De verdad renta llegar al poder a toda costa? Ustedes, socialistas, que abogan por la igualdad entre personas y regiones, que nadie está por encima de la Ley, ¿en serio están de acuerdo con olvidar delitos de corrupción e, incluso, condonar una deuda que van a pagar no solo ustedes, sino sus vecinos?
¿Bajo qué pretexto los alcaldes del PSOE de Alcorcón, Fuenlabrada o Getafe pedirán a sus vecinos que cumplan las ordenanzas, si saltarse las leyes tiene premio, en forma de amnistía?»
Vayamos a lo local. ¿Con qué cara, la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, el de Fuenlabrada, Javier Ayala, o la de Getafe, Sara Hernández, van a pedir a los vecinos que paguen el IBI, el numerito del coche, el impuesto de actividades económicas o plusvalías? ¿Por qué tienen que hacerlo, si su líder, Pedro Sánchez, al que han apoyado sin fisuras, considera que la Ley no tiene validez para sus futuros socios de investidura?
Por supuesto que el PSOE tiene derecho a intentar formar Gobierno, pero dentro de la Constitución. En sus ‘manos’ está volver al orden constitucional y no romperlo por interés personal, pues se sabe cómo se empieza, pero no cómo se acaba y la calle ha dicho basta.
