El BOE publicó el pasado 15 de marzo el índice de precios de referencia para limitar las rentas del alquiler en zonas declaradas como áreas tensionadas. Cataluña es la única comunidad que ha solicitado hasta la fecha limitar el precio del alquiler en su territorio.
El índice se publica después de que haya recibido un total de seis alegaciones, ninguna de ellas aceptada, y de que la Generalitat de Cataluña haya subsanado en su boletín oficial la declaración presentada el pasado agosto, un paso necesario para declarar los 140 municipios como zonas tensionadas.
Entre las alegaciones, están las propuestas del grupo parlamentario Sumar, que había propuesto al Ministerio de Vivienda que el índice incluyera un régimen de inspecciones y sanciones ante posibles subidas excesivas de precio por parte de los propietarios.
El índice de precios de referencia para el alquiler consistirá en un sistema de rangos a partir de una serie de características de la vivienda como la superficie, el estado de conservación, si tiene ascensor o no, aparcamiento, año de construcción, zonas comunes y otras características que tienen el objetivo de que las viviendas con menos valor no puedan incrementar su precio al ser equiparadas con viviendas de mayor calidad en la misma zona.
Es un índice de base tributaria que utiliza la última declaración de la renta de los propietarios, es decir, la de 2022
Según explicó el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, este índice es de base tributaria, por lo que se ha utilizado la última declaración de la renta de los distintos propietarios, que en el caso de este año será la de 2022, y se actualizará anualmente, con la última declaración a la renta disponible.
Su aplicación es competencia de las comunidades autónomas y, de momento, solo se aplicará en Cataluña. Hasta la fecha, solamente Asturias y Navarra, las dos gobernadas por el PSOE, han manifestado interés por aplicarlo.
En el caso de Navarra, y dado que el catastro en esta región es diferente al del resto de España, su aplicación es una quimera.
Castilla-La Mancha, la otra comunidad gobernada por los socialistas, no tiene prevista su aplicación. Todo indica, por tanto, que su eficacia real será mínima en toda España.
Así lo puso de manifiesto Álvaro Otero, socio de Real Estate del despacho CMS Albiñana Suárez de Lezo durante la jornada profesional VIVIENDA 2024, recientemente celebrada, organizada por Cesine Formación y la revista especializada Metros2.
El experto inmobiliario señaló que el índice tiene actualmente dos “agujeros importantes” que hacen prácticamente imposible su aplicación. Por un lado, no valora las viviendas construidas en los últimos cuatro años y, por otro, no valora las viviendas de más de 150 metros cuadrados.
En la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional ya ha dejado claro que no tiene ninguna intención de implementar esta medida porque la considera “intervencionista” y su aplicación en otras ciudades no dio los resultados esperados.
No obstante, y según los datos de la web del Ministerio de Vivienda, las principales ‘zonas tensionadas’ de la Comunidad de Madrid, se encontrarían en los distritos del sur de la capital, y en municipios como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Tres Cantos, Leganés, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
