La Cámara de Cuentas ha emitido un informe final, donde no pone reproche alguno, ni detecta irregularidades, en los contratos de emergencia hechos por la Comunidad de Madrid durante la pandemia.
Entre esos se encuentra el del hermano de Isabel Ayuso, del cual la Cámara de Cuentas avala su legalidad, y que fue utilizado por Pablo Casado para intentar acabar con la carrera política de la presidenta, pero significó su fin en el PP. También por los socialistas y comunistas madrileños, que han ido a la Fiscalía con el mismo cometido.
En el documento definitivo se recoge que «con carácter general la mayoría de los contratos fiscalizados se han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta situación», avalando así lo defendido por el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.
Durante el primer año de la pandemia, la Comunidad de Madrid realizó un total de 4.448 contratos tramitados por procedimiento de emergencia y referentes a la crisis sanitaria Covid-19, por un importe total de adjudicación con IVA de 943.441.168,49 euros.
La Cámara de Cuentas para realizar la fiscalización, solicitada por la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública de la Asamblea de Madrid, seleccionó una muestra de 263 expedientes por un importe total de adjudicación de 337.476.693,20 euros.
Al haberse aprobado de manera separada la fiscalización de la construcción del Hospital Enfermera Isabel Zendal se eliminaron 13 expedientes, más uno relacionado con Metro de Madrid «por no tener relación» con el coranavirus. En total, se fiscalizaron 249 expedientes.
«Solo en contadas ocasiones, en los expedientes número, 259 y 260 se ha utilizado la tramitación de emergencia para adquirir bienes no destinados a combatir la pandemia ni amparados por el tenor literal del artículo 120 LCSP», recoge el informe en sus conclusiones. El 259 corresponde con el suministro de tres ecógrafos y el 260 con equipos de mamografía.
Además, el informe cita 14 casos en los que el importe reflejado en la relación de contratos difiere del importe definitivo verificado tras la fiscalización pero ninguno corresponde con el vinculado con la empresa Priviet Sportive, de la que el hermano de Ayuso cobró 55.000 por, según la dirigente madrileña, «gestiones» para conseguir material sanitario.
El polémico contrato se recoge con el número 179. Está adjudicado por la Consejería de Sanidad (Sermas) para el ‘Suministro mascarillas FFP2-3 para el pabellón 10 del Ifema del Servicio Madrileño de Salud’ por importe de 1.512.500 euros y autorizado por el Consejo de Gobierno el 20/05/2020. Sobre el mismo, la Cámara de Cuentas no hace valoración alguna sobre irregularidad.
RECOMENDACIONES
A pesar de validar los contratos «con carácter general», la Cámara de Cuentas sí que realiza dos recomendaciones sobre la materia. Insta a establecer un marco legal y un protocolo procedimental para emergencias en las que, tanto los daños como la evolución en el tiempo, sean indeterminados, de forma que, en la medida de lo posible, se garanticen los principios básicos de la contratación pública.
Además, solicita extremar «el celo en el cumplimiento de los procedimientos administrativos procurando que en el expediente consten realizadas todas las fases preceptivas del mismo».
