El juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcorcón ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo del procedimiento respecto a los funcionarios del Ayuntamiento investigados en el marco de la causa por el incendio en la calle Oslo en 2022 en el que murieron dos menores de una misma familia.
Así lo recoge el auto fechado a 9 de enero, en el que el juez entiende que estos funcionarios cumplieron «con la diligencia de mínimos que les es exigible para no objetivar una responsabilidad desde el plano penal».
Entre las víctimas de la explosión había un bebé de nueve meses y su hermano de cinco años que falleció por inhalación de humo. La deflagración se debió a una chispa de una generadora que prendió un material aislante de unas obras que se realizaban en un restaurante.
En cuanto a la comprobación de la correcta sectorización de la obra se aclara que es algo que «excede de su competencia careciendo de facultades de supervisión de material». Teniendo todo esto en cuenta, también el magistrado deniega la declaración en calidad de investigado del concejal responsable de Urbanismo.
Además, indica que esto supone que el Ayuntamiento de Alcorcón pueda reintegrarse en el procedimiento «como parte, en su caso, perjudicada en el mismo». El documento recoge que frente al mismo cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación o bien recurso de apelación directo.
Tras conocerse la resolución, la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha señalado que «este auto avala, tal y como ya han defendido, la actuación municipal ya que certifica que los trámites efectuados se han basado en el estricto cumplimiento de la normativa existente y la ley regional».
Asimismo, ha destacado que se haya devuelto al Consistorio «su condición de parte perjudicada por el presunto delito, tal y como solicitamos desde el primer momento».
DILIGENCIAS COMO INVESTIGADOS
Hace ya un año, el juez interrogó en el marco de las diligencias como investigados a cuatro obreros y al coordinador de seguridad de la obra por un presunto delito de homicidio, lesiones imprudentes y daños.
Estos imputados se habrían parapetado en un informe pericial, ratificado por el máximo responsable de los bomberos de este municipio, que exponía las deficiencias antiincendios del edificio al carecer de medidas contra el fuego en los falsos techos, incumpliendo la normativa.
A los responsables de las obras se les imputa además la presunta comisión de un delito conexo urbanístico y ordenación del territorio por vulneración de las directrices del Código Técnico de la Edificación.
