El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Getafe ha dado otro paso en la investigación del conocido ‘caso Ganga’. Y así ha llamado a declarar como imputados al gerente de GISA, Juan Manuel Hernández, colocado a dedo por la alcaldesa, Sara Hernández, en la empresa municipal, y a la exconcejal del PSOE y actual no adscrita Mónica Cerdá.
El magistrado, en una providencia dictada el pasado 2 de enero, les había citado en sede judicial en la mañana del 29 de enero, pero sus declaraciones quedaron aplazadas al 12 de febrero porque al abogado del gerente de GISA le coincidía con un juicio en otro lugar. En el caso de la edil Cerdá fue por cuestiones labores, según pudo saber Al Cabo de la Calle de fuentes cercanas al caso.
Los dos están acusados de los delitos de prevaricación y de malversación de fondos públicos después de que el PP de Getafe se querellase contra ellos por pagar 60.000 euros en concepto de indemnización al abogado Alberto Ganga, que únicamente trabajó en GISA durante 29 días y en un período de pruebas que no superó.
Las declaraciones del gerente de la empresa municipal y de la concejal serán fundamentales para que el juez decida si llama a declarar como imputada a la alcaldesa Sara Hernández, denunciada en este caso y que, además, es la presidenta del Consejo de Administración de la empresa municipal.
Hay que recordar que la Policía Nacional ya citó anteriormente como ‘investigada no detenida’ a la edil Cerdá, que en sede policial no dudó en decir, textualmente, que “fue la Alcaldía quien dio las indicaciones pertinentes a la Gerencia (de GISA)” para pagar la indemnización al abogado. De esta manera, la concejal no adscrita implicaba directamente a la alcaldesa, Sara Hernández, en el ‘caso Ganga’.
