Allá por el mes de abril, el portavoz de ULEG, Carlos Delgado Pulido, interpuso ante la Fiscalía de Área Leganés-Getafe, una denuncia contra el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, por supuestas “irregularidades” en la compra de mascarillas por 12 euros en la primera ola de la pandemia, siendo proveedor el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca de la provincia de Barcelona.
La importancia del contexto. Recuerden marzo de 2020. Doloroso, sí. En marzo de 2020, en España era más fácil ver un unicornio o político honrado, que una mascarilla al alcance de la mano. Por aquel entonces, hagan memoria, estábamos encerrados en casa. Había que derrotar al virus, y se nos aprisionó en nuestros hogares y no rechistamos. Y eso que se demostró que el Gobierno lo hizo con un Estado de Alarma inconstitucional, en vez de un Estado de Excepción. Algún día sabremos por qué el Ejecutivo no quería ser controlado por los otros dos poderes del Estado, mientras miles de españoles perdían la vida en los hospitales y el personal de emergencias se batía el cobre.
Despojados de la vida por el virus y de la libertad por el Gobierno, otros tantos perdieron sus trabajos y ahorros; algunos se desvivieron buscando protección para todos los que consiguieron salvar vidas y hacer que el país pudiera salir adelante (desde supermercados, a agricultores, transportistas, personal de limpieza y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado). Los pocos se rascaron la barriga, porque tenían un suculento sueldo público, que no dependía de los vaivenes del SEPE.
Es el caso del sicofanta de Leganés, Carlos Delgado, que sale a razón de 60.000 euros brutos al año, como portavoz de ULEG. ¿Dónde estuvo este personaje que lleva viviendo veinte años del dinero de los vecinos de Leganés? Pues esperando su momento.
Pensó que llegaría con el asunto de la compra de mascarillas. Lanzó esas naves y la Fiscalía, ahora, se las ha hundido. “No debe olvidarse el contexto en el que tuvieron lugar esas compras, cuando es público y notorio que existió un problema de suministros de material médico a nivel internacional, lo que daría explicación del encarecimiento de este material”, decía en su escrito el fiscal. Pero qué iba a saber Delgado de este problema y de tantos otros, de los que espera siempre sacar rédito político, para asegurarse otros cuatro años a la sopa boba, chupando del erario público.
La Fiscalía ha ordenado el archivo de la denuncia. No obstante, ahí quedan esos tres meses de ruido. Y vendrán más, porque queda menos de un año para las elecciones municipales. No se dejen embaucar por los cantos de sirena del ‘príncipe de las tinieblas’. Ahora se replegará, tras el portazo de la Fiscalía, pero en su madriguera pergeñará otra estratagema con la que ‘comprar’ el alma de los votantes leganenses.
 por la compra de mascarillas del Gobierno de Leganés){kind=link}