PSOE y Junts han cerrado en la madrugada de este jueves un acuerdo para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. Pacto que incluye la amnistía y casos de lawfare o guerra judicial, donde los independentistas se refieren a los supuestos que consideran una persecución por parte de jueces y magistrados por razones políticas.
Desde el partido de Puigdemont, en este sentido, han filtrado que «esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos».
Asimismo señalan que en la próxima legislatura se constituirán comisiones de investigación que tendrán en cuenta la aplicación de la ley, «en la medida que pudieran derivarse situaciones
comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política», algo que podría beneficiar a Laura Borrás, condenada por corrupción por trocear contratos, el clan de los Pujol o Gonzalo Boyé, condenado por terrorismo en los noventa y actualmente imputado por narcotráfico.
FUTURO REFERÉNDUM
Los golpistas van más allá y con la aquiescencia del PSOE incluyen un referéndum de autodeterminación para celebrarlo en la legislatura, una vez Sánchez sea investido presidente. También, que Cataluña entre en instituciones de la Unión Europea, con una representación que, de facto, supone reconocerla tácitamente como país.
Los socialistas compran así el discurso de quienes el 1 de octubre de 2017 malversaron dinero público para dar un Golpe de Estado, rompiendo la igualdad entre españoles, con tal de que Sánchez siga gobernando. Justo un día después de que Bruselas haya pedido explicaciones sobre este asunto.
