El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) da la razón al Ayuntamiento de Leganés. El Alto Tribunal regional ha fallado que la Comunidad de Madrid debe medicalizar las residencias dela ciudad, después de que la semana pasada, el Gobierno local llevara este asunto ante la justicia, siguiendo los pasos de Alcorcón.
Se trata, concretamente, de las residencias Los Frailes, Domus Vi, Vitalia Home, Nuestra Señora de Butarque, Los Balcones, Amavir El Encinar, Valdepelayo y Valdeluz.
«El 30 de marzo reclamé ya por escrito a la Comunidad de Madrid que interviniera sanitariamente las residencias de mayores de Leganés. Buscábamos poner a salvo a los residentes que aún no se habían contagiado, y lo hemos conseguido mediante demanda» ha dicho el alcalde de Leganés, Santiago Llorente.
De esta manera, la Sala da un plazo de tres días a la Comunidad «sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación» del auto. No obstante, desestima la petición de establecer medios de control de cumplimiento de la medida cautelar, como había solicitado el Ayuntamiento.
El dictamen judicial determina que la Comunidad debe remitir en ese plazo el personal y medios materiales para hacer cumplir la orden SND/265/2020 de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios», ante la pandemia del coronavirus.
150 FALLECIDOS
Según los servicios jurídicos municipales, hasta el momento en estas residencias se han contabilizado «más de 150 fallecidos y multitud de contagios», sin que «la autoridad autonómica esté cumpliendo sus obligaciones y no contestando a los requerimientos formulados desde el Ayuntamiento».
Así, recuerda que se han enviado dos comunicaciones a la consejería de Sanidad solicitando información y que la Policía local ha girado visita a unos centros donde, de no adoptarse medidas, la situación «se vería agravada con efectos irreversibles».
De hecho, la Sala del TSJM ha tenido en cuenta los informes de Policía donde se alerta de «una situación de extrema gravedad», y donde se asegura que, entre el 19 de marzo y el 15 de abril, «han fallecido un 12% de los 637 residentes» y que el 25% (unos 153) están aislados.
Más allá de los datos, la Sala considera que estos residentes se encuentran en la franja de edad donde el Covid-19 resulta «más letal». «Es ésta una razón más por la que el derecho a la protección de la salud debe considerarse aquí y ahora con una mayor intensidad», esboza el auto.
