VOX denuncia que una sentencia obliga al Ayuntamiento de Alcorcón a pagar más de 20.000 euros por horas extraordinarias
«El Ayuntamiento de Alcorcón tendrá que afrontar una factura de más de 20.000 euros, además de los intereses legales y las costas procesales, tras una sentencia firme que reconoce a un funcionario del Servicio de Mantenimiento el derecho a cobrar 443,14 horas extraordinarias realizadas entre 2020 y 2022», ha denunciado VOX. La formación considera que el caso pone de manifiesto deficiencias en la gestión municipal que podrían haberse evitado y lleva al Pleno una moción para exigir responsabilidades y reforzar los mecanismos de control.
«La Sentencia n.º 225/2026, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Madrid y actualmente firme, reconoce el derecho del trabajador a percibir las horas extraordinarias realizadas y condena al Ayuntamiento al pago de 20.641,76 euros, junto con los intereses legales y las costas procesales que correspondan», señalan desde VOX.
Para el grupo político, sin embargo, el importe de la condena no constituye el único elemento relevante del caso. Según recoge la moción que lleva al Pleno, «el Ayuntamiento reconocía que las horas extraordinarias habían sido efectivamente realizadas, pero no dictó una resolución expresa sobre la reclamación administrativa presentada por el trabajador. Además, la propuesta de pago no llegó hasta el mismo día previsto para la celebración del juicio».
«Aquí nadie paga de su bolsillo los errores de gestión. Pagan los alcorconeros. Pagan la condena, pagan los intereses, pagan las costas y pagan los recursos municipales empleados en pleitos que podrían haberse evitado. Ya está bien de que el dinero público sea el colchón que amortigua las malas decisiones», afirma el portavoz de VOX en Alcorcón, Pedro Moreno.
El portavoz de la formación considera que la situación requiere explicaciones sobre el proceso que llevó al Ayuntamiento hasta los tribunales. «Si sabes que las horas se han trabajado, existe un precedente judicial y esperas hasta el día del juicio para plantear el pago, los vecinos merecen saber por qué se ha llegado hasta ahí y cuánto les ha costado. La Administración no puede funcionar a golpe de sentencia», señala Moreno.
La formación recuerda que las deficiencias relacionadas con el Servicio de Mantenimiento «ya fueron objeto de denuncia política en noviembre de 2023». Entonces, VOX aseguró en el Pleno que «un empleado municipal había advertido de problemas en el funcionamiento del servicio y que posteriormente se le había incoado un expediente disciplinario».
La moción presentada ahora recoge que «el trabajador había comunicado que dejaría de realizar horas extraordinarias sin la correspondiente compensación económica y que había trasladado por los cauces internos distintas advertencias técnicas relacionadas con el funcionamiento y las carencias organizativas del servicio. Posteriormente se inició el expediente disciplinario».
VOX precisa que esta sucesión de hechos no prejuzga la legalidad del expediente, cuya resolución judicial definitiva se encuentra pendiente, pero considera que plantea una cuestión institucional sobre la respuesta que reciben los empleados públicos cuando advierten de posibles deficiencias.
«El mensaje dentro de un Ayuntamiento nunca puede ser que advertir de un problema sale caro. Queremos empleados públicos que hablen cuando detecten una deficiencia, responsables municipales que los escuchen y problemas que se solucionen antes de convertirse en una avería, un riesgo o una sentencia judicial», sostiene Moreno. Y añade: «Lo que empieza como un problema de organización acaba convertido en un problema judicial y termina convertido en una factura para el contribuyente. Ese círculo hay que romperlo».
La moción plantea también la elaboración de un informe anual que recoja los costes económicos derivados de condenas judiciales firmes, intereses de demora, costas procesales, ejecuciones de sentencia y otros gastos ocasionados por actuaciones u omisiones administrativas. El objetivo, según VOX, sería identificar las causas de estos gastos y establecer medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.
«Queremos poner cifras a la mala gestión. Los vecinos tienen derecho a saber cuánto dinero pierde el Ayuntamiento en intereses, costas y procedimientos judiciales que podrían haberse evitado y qué se hace para que no vuelva a ocurrir», explica Moreno.
La formación propone además que el Ayuntamiento elabore, en un plazo máximo de seis meses, un Plan Director de Conservación y Mantenimiento del Patrimonio Municipal que incluya una programación plurianual, medidas de mantenimiento preventivo, prioridades e indicadores de seguimiento.
La iniciativa reclama igualmente «reforzar los mecanismos de protección para los empleados públicos que comuniquen de buena fe posibles incidencias o deficiencias» y plantea estudiar, cuando corresponda y siempre de acuerdo con el ordenamiento jurídico, «las posibles responsabilidades políticas, directivas o funcionariales cuando determinadas actuaciones u omisiones ocasionen perjuicios económicos evitables al Ayuntamiento».