En el Pleno de la Asamblea de Madrid celebrado el pasado 13 de junio, la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Silvia Monterrubio acusaba a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, de querer deshacerse de los menores extranjeros no acompañados llevándolos a un “gran contenedro” en La Cantueña de Fuenlabrada.
El Ayuntamiento cedió las instalaciones de La Cantueña a la Administración regional hace 20 años para un centro de difusión ambiental. Transcurridas dos décadas, decidió dedicar el inmueble a un centro para menores migrantes no acompañados con 100 plazas, presupuesto 7 millones de euros y adjudicó las obras, que comenzaron en mayo.
El Ejecutivo local, considerando que se había incumplido el convenio de cesión y publicó un decreto paralizando las obras. Desde el Ayuntamiento aseguraban que el decreto de Urbanismo apela al expediente de reversión abierto para justificar la paralización. “Si la Comunidad o la empresa no paralizan las obras, lo tendrá que hacer el Ayuntamiento» a través de la Policía Municipal”, aseguraron desde el municipio.
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El lunes 3 de junio, la Comunidad de Madrid interpuso un recurso contencioso administrativo contra el decreto del Ayuntamiento de Fuenlabrada, solicitando como medida cautelarísima la suspensión de esta norma municipal para que puedan proseguir los trabajos.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid estimó la petición, suspendiendo así la aplicación del decreto del Ayuntamiento. Argumentaba el juez que la clausura y precinto de las obras supondría su inmediata paralización, lo que “presupone objetivamente un perjuicio mayor si después hubiera de ser removido el precinto”.
A los responsables municipales no les quedó otra opción que levantar la clausura. Entonces comenzaron las acusaciones entre unos y otros. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, acusó a Javier Ayala de rechazar a los menores extranjeros no acompañados en una actitud que “empieza a verse como racismo”, dijo en una intervención parlamentaria.
Desde el PSOE aseguran que el Gobierno regional quiere ubicar a los jóvenes en un centro que está “en mitad de un megapolígono industrial al otro lado de la carretera de Toledo y en un espacio que es prácticamente la nada, donde no hay transporte público y para que los chavales puedan llegar a un centro educativo, sanitario o cultural de Fuenlabrada van a tener que caminar durante más de 5 kilómetros”.
“Todo esto a ustedes les da igual, porque ustedes simplemente quieren deshacerse de esos menores en un gran contenedor que por mucho que les moleste la expresión, es lo que ustedes están planteando con el macrocentro de Fuenlabrada”.
Y la consejera elevó la apuesta para asegurar que el Gobierno central “está hacinando a inmigrantes en carpas de 1.200 personas, dejándoles entre basura en Barajas, mezclando menores con mayores de edad, y están vulnerando los derechos humanos”. Y aseguró que la conducta de Ayala es discriminatoria y ultra.
