El PP de Fuenlabrada ha solicitado la celebración de un Pleno extraordinario y monográfico, que dé como resultado una declaración institucional en defensa de la Constitución Española, la igualdad de todos los españoles, así como la prevalencia del Estado de Derecho y la democracia.
“Los concejales de Fuenlabrada juramos o prometimos guardar y hacer guardar la Constitución cuando accedimos a nuestro cargo. Hoy la Constitución está amenazada por el registro de una Ley de Amnistía y la pretensión de crear comisiones parlamentarias para juzgar a los jueces. No todo vale para llegar al poder y Fuenlabrada tiene que mostrar su compromiso con la igualdad, la libertad y todos los principios constitucionales que nos amparan”, afirma la portavoz popular de Fuenlabrada, Noelia Núñez, precursora de esta iniciativa.
Núñez participó este domingo en las manifestación contra la amnistía celebrada en la Puerta del Sol. También la portavoz de VOX, Isabel Pérez, que, igualmente, estuvo el domingo y ha participado en las concentraciones frente a la sede del PSOE en Ferraz
PETICIÓN AMPARADA POR EL ROM
La solicitud del PP se fundamenta en el artículo 102 del Reglamento Orgánico de Fuenlabrada (ROM), que establece la potestad de convocatorias extraordinarias al alcalde o a una cuarta parte de la Corporación, requisito que cumplen los concejales del Partido Popular de Fuenlabrada, actualmente con 7 representantes.
Así pues, el Pleno tendrá que celebrarse en virtud de la norma municipal. Ahora bien, previsiblemente y salvo sorpresa, es difícil que salga adelante dicha declaración, pues el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, ha cerrado filas y rinde lealtad absoluta a Pedro Sánchez, como manifestó en sus redes sociales, el mismo día, 27 de octubre, que Sánchez anunció que amnistiaría a los sediciosos y malversadores de dinero público.
Entre los acuerdos del PSOE con Junts, ERC o PNV (de Bildu no se ha hecho público) se encuentra también la cesión de la gestión completa de tributos y Seguridad Social, algo que quiebra la solidaridad entre regiones y que mermará los servicios públicos en el resto de España.
