El “Caso Ganga” continúa con su procedimiento en los juzgados. Después de 6 años, este 16 de abril, ha acudido a declarar como investigado, el letrado Alberto Ganga, en el Juzgado número 3 de Getafe.
Según fuentes a las que ha tenido acceso Al Cabo de la calle, el investigado habría intentado que se suspendiera su declaración prevista para celebrarse el 16 de abril, argumentando que esta diligencia debía ser declarada nula conforme a un recurso que presentó con anterioridad. Sin embargo, esto no ha sido acordado con el Juez y la declaración se ha celebrado, aunque Ganga se ha acogido a su derecho a no declarar.
También han declarado, en calidad de testigos, dos letrados de la empresa jurídica que asistió a la empresa municipal GISA en el procedimiento de despido. Una de ellas ya declaró en 2018, y hoy se ha reafirmado en lo ya declaró entonces, y en los términos del informe que remitió la empresa al juzgado. Según estos, se aconsejó a la empresa GISA ir a juicio ante la demanda de Alberto Ganga por despido nulo, al no percibirse en ningún momento motivos de nulidad, postura que se ha mantenido en todo momento por los letrados contratados.
Sin embargo, unos minutos antes de iniciarse el juicio, recibieron una llamada desde GISA con instrucciones expresas de no celebrar el pleito y de la necesidad de llegar a un acuerdo con el demandante, supuestamente a cambio de unas cifras económicas que se aproximaban a las que pudieran derivarse para GISA en un eventual escenario de declaración de despido nulo.
En la última declaración, la testigo se ha acogido al secreto profesional para no desvelar quién le llamó antes de entrar en el juicio por el despido de Ganga.
Con esto se llega a las últimas diligencias que estaban previstas acordadas por el Juez.
Actualmente siguen en calidad de investigados el gerente de la empresa municipal GISA, Juan Manuel Hernández, alto cargo del Gobierno de Sara Hernández. La alcaldesa le mantiene en el cargo con un sueldo aproximado de 65.000 euros. También están investigados el letrado Alberto Ganga y la exconcejala del PSOE Mónica Cerdá, por entonces consejera de GISA.
Seis años a vueltas con el “Caso Ganga”
Desde 2018, la Policía Nacional investiga la posible comisión de un delito de malversación y prevaricación en el Gobierno de Sara Hernández. En el conocido como ‘caso Ganga’, se investiga el pago de 60.000 euros al abogado Alberto Ganga por trabajar únicamente durante 29 días, y en un periodo de pruebas que no superó en la empresa municipal GISA. Un caso que afecta al propio letrado, al gerente de GISA, la exconcejal del PSOE, Mónica Cerdá y a la propia alcaldesa de Getafe, implicada ante la Policía por Cerdá. Todos ellos, salvo Sara Hernández, han sido citados a declarar en dependencias policiales como investigados no detenidos.
La contratación, despido y posteriormente indemnización de Alberto Ganga por GISA no salpica solo a la alcaldesa de Getafe Sara Hernández, y su Gobierno. Además de presunta malversación y prevaricación, sobre Ganga pesa también la acusación de la Policía Nacional de un presunto delito de “uso de información privilegiada”.
Según el Oficio de la Policía número 19.217/16 incluido en el sumario de la investigación de las obras del Teatro Madrid en Getafe y al que tuvo acceso, en su día, Al Cabo de la Calle, la imputación de este tipo delictivo recae sobre Ganga “por aprovecharse en su beneficio de la información que poseía sobre las pruebas de selección en las que él participó” para acceder a un puesto en GISA. Trabajó que ejerció durante 29 días, sin pasar el periodo de prueba y por el que cobró una indemnización de 60.000 euros que ha dado origen a la apertura de diligencias judiciales y policiales que se narraban con anterioridad. Y lo cierto es que Ganga, para acceder a GISA, obtuvo en el examen 100 puntos sobre 100, según pudo saber este periódico. Algo insólito.
Esta acusación de la Policía Nacional sería, pues, el inicio de lo que desde el PP de Getafe siempre han considerado una “venganza política” de Alberto Ganga y el Gobierno de Sara Hernández contra concejales populares.
Los populares siempre han sostenido que el abono de esos 60.000 euros se debió a una especie de “pago de favor” al abogado, que ejercía la acusación popular en el asunto del Teatro Madrid contra los concejales del Partido Popular de Getafe. Mientras, Ganga siempre se ha jactado de no cobrar un solo euro por su labor en ese caso.
Precisamente, al hilo de esto, Ganga manifestó en su declaración en sede policial que “el objetivo de la denuncia interpuesta por el PP de Getafe es amedrentarme como abogado”, al ser la acusación particular en la causa del Teatro Madrid.
